Jefe de la Autoridad Nacional de Control estaría protegiendo a presuntos financistas del crimen del fiscal Fermín Caro Rodríguez mientras sanciona al investigador que los perseguía
Una investigación exclusiva de China Polo Dominical revela cómo el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí, habría orquestado un operativo para impedir que se solicite la prisión preventiva contra dos magistrados acusados de financiar el asesinato por encargo del fiscal superior de Moyobamba, Fermín Caro Rodríguez.
El caso, que tiene casi 1,000 páginas de evidencias, señala como presuntos financistas del crimen a la jueza María Eugenia Román Robles de la Corte Superior de Justicia de San Martín y al juez Gonzalo Zabarburu Saavedra, juez titular superior de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Ambos magistrados estarían siendo protegidos por Fernández Jerí, quien curiosamente comparte con Zabarburu Saavedra el mismo origen: Chachapoyas.
LA CARPETA FISCAL QUE NADIE DEBÍA VER
La carpeta fiscal denominada «Los Financistas Indeseables de Alto Mayo», a la que China Polo Dominical tuvo acceso en exclusiva, contiene 987 páginas con declaraciones del colaborador eficaz, del sicario que disparó el arma, y múltiples diligencias que apuntaban directamente a los magistrados. El documento estaba listo para presentarse el 22 de mayo del 2024 con la solicitud de prisión preventiva.
Sin embargo, ese mismo día ocurrieron dos hechos sospechosos: el fiscal Jaime Rojas Guerra, responsable de la investigación, fue notificado de una sanción por supuestas faltas graves, y días después, el 27 de mayo, Juan Antonio Fernández Jerí apareció personalmente en una visita «inopinada» a la Fiscalía de San Martín, parándose frente al fiscal sancionado.
Lo más revelador es que en la resolución que autorizaba la visita inopinada a San Martín no figuraba el nombre de Fernández Jerí entre los visitantes. Él solo firmaba la autorización. ¿Por qué ocultó su presencia? ¿Por qué viajó personalmente hasta Tarapoto?
EL INTERROGATORIO INSISTENTE
Según fuentes que estuvieron presentes en el encuentro, Fernández Jerí habría interrogado insistentemente al fiscal Rojas Guerra preguntándole si había llegado a presentar el pedido de prisión preventiva contra los magistrados. El fiscal Rojas Guerra, en entrevista exclusiva con China Polo Dominical, confirmó el encuentro aunque se reservó detalles por asesoría legal.
«El señor Fernández Jerí estaba en la ciudad de Tarapoto el día 27 de mayo del año 2024. Yo, por supuesto, me entrevisté con la persona, de lo cual estuvieron varios testigos», declaró Rojas Guerra, quien también reveló que posteriormente recibió amenazas veladas: «He tenido un emisario donde me han dicho: ‘Oye, no estés hablando de Fernández Jerí, que es la máxima autoridad, si no es acá, va a ser en otro momento'».
LOS PRESUNTOS FINANCISTAS
Según la carpeta fiscal, el asesinato del fiscal Fermín Caro Rodríguez habría sido financiado por los magistrados María Eugenia Román Robles y Gonzalo Zabarburu Saavedra por dos razones principales:
Primera razón: Caro Rodríguez venía investigando a la pareja de magistrados por lavado de activos y otros ilícitos. El fiscal les seguía los pasos y habría descubierto una serie de actos irregulares.
Segunda razón: Cindy Patricia Rojas Fatama, quien habría sido la autora intelectual del crimen por un conflicto económico con la pareja del fiscal asesinado, habría conocido a la jueza Román Robles en los pasillos del Poder Judicial de Áncash. Según un testigo protegido, ambas habrían descubierto que tenían un objetivo en común: acabar con el fiscal.
La carpeta fiscal señala que Cindy Rojas perdió su discoteca «Café Rumba» en Moyobamba tras una medida cautelar ejecutada por solicitud de Alicia Bellido Arredondo, pareja del fiscal asesinado, por una deuda de aproximadamente 120,000 soles.
EL HISTORIAL CRIMINAL DE LOS MAGISTRADOS
La investigación de China Polo Dominical reveló que los magistrados acusados tienen múltiples procesos en su contra:
Gonzalo Zabarburu Saavedra enfrenta denuncias por:
- Acoso sexual en el lugar de trabajo
- Cohecho
- Organización criminal
- Abuso de autoridad
- Tráfico de influencias
- Prevaricato
- Falsa declaración
- Formas agravadas con crueldad
- Infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo
Además, está siendo investigado en el caso conocido como «Los Cuellos Verdes del Milagro» por presuntamente conformar una organización criminal para favorecer a determinadas personas en el otorgamiento de medidas cautelares.
María Eugenia Román Robles tiene procesos por:
- Coacción
- Omisión y rehusamiento de actos funcionales
EL PASADO TURBIO DE Fernández Jerí
Este no sería el primer escándalo que involucra a Juan Antonio Fernández Jerí. En 2014, Janet Guerrero lo denunció por presuntamente haberle pedido 80,000 soles al interior de su despacho a cambio de la liberación de su padre, vinculado al crimen del entonces vicegobernador de Amazonas, Augusto Wong López.
«Esa persona sí me pidió ese dinero. El señor Fernández Jerí había inventado que yo no sabía de esos documentos que firmé», declaró Janet Guerrero, quien mantiene firme su acusación pese a que el caso fue archivado en 2017 por el entonces fiscal supremo Rodríguez Monteza sin haberla escuchado.
Curiosamente, el caso de Janet Guerrero también era llevado por el juez Gonzalo Zabarburu Saavedra. La conexión entre ambos magistrados de Chachapoyas se vuelve cada vez más evidente.
LA CONTRALORÍA LO EXPUSO EN 2022
En septiembre de 2022, China Polo Dominical ya había expuesto irregularidades en la designación de Fernández Jerí. La Contraloría General de la República señaló en un informe de 32 páginas que Fernández Jerí habría presentado diplomas de capacitaciones con fechas y horas de clases que coincidían pese a ser dos cursos distintos.
El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, cuestionó duramente la idoneidad de Fernández Jerí: «Nosotros somos fiscales de carrera con más de 15, 20 años. El señor Fernández Jerí no es de carrera. Él cumple los 5 años para los cuales ha sido nombrado jefe de la autoridad nacional y se va a ir del Ministerio Público. Esa es una ofensa para todos los que han ganado un puesto a través de un concurso público».
SANCIONES CON REGLAMENTOS INEXISTENTES
En mayo de 2025, Domingo Pérez presentó una nueva denuncia contra Fernández Jerí por los delitos de prevaricato y contra la administración pública, porque no publicó los reglamentos de la Autoridad Nacional del Control en el diario El Peruano, sino solo la resolución administrativa.
Esto significa que durante todo el 2024 se estuvo sancionando fiscales con normas que legalmente no existían, lo cual sería nulo y constituiría un delito.
El abogado César Augusto Vázquez Hurtado confirmó a China Polo Dominical que «toda norma tiene que ser publicada en el Diario Oficial El Peruano. Si no lo han publicado, entonces sí serían actos nulos porque no entrarían en vigencia esos reglamentos».
Recién en 2025 publicaron el reglamento, por lo que todas las sanciones del 2024, incluidas las del fiscal Jaime Rojas Guerra, serían nulas.
UN PATRIMONIO SOSPECHOSAMENTE VACÍO
Otra revelación sorprendente de la investigación es que Juan Antonio Fernández Jerí no tiene absolutamente nada a su nombre. No tiene carro, no tiene casa, tampoco están a nombre de sus hijos, y su esposa apenas tiene un departamento pequeño en Jesús María.
Esto resulta extremadamente sospechoso considerando que tiene un salario considerable como jefe de la Autoridad Nacional de Control. ¿Por qué no tiene nada a su nombre? ¿Qué estaría ocultando?
EL FISCAL SANCIONADO HABLA
El fiscal Jaime Rojas Guerra, con 15 años de experiencia y sin sanciones previas, fue el encargado de investigar el asesinato del fiscal Fermín Caro Rodríguez desde 2016. Logró sentencias contra el autor material y el cómplice, pero cuando comenzó a investigar a los presuntos financistas magistrados, todo cambió.
«A raíz de identificar a los presuntos financistas de la muerte del señor Fermín Caro Rodríguez, mi persona ha sido denunciada penalmente y administrativamente», declaró Rojas Guerra a China Polo Dominical.
El fiscal fue sancionado supuestamente por haber llevado la investigación en secreto, cuando en realidad las carpetas de crimen organizado ameritan secreto por las técnicas especiales de investigación que se utilizan, como escuchas telefónicas y seguimientos. La competencia para investigar a los magistrados le fue otorgada por la propia Fiscalía de la Nación.
«La sanción está relacionada a un hecho administrativo totalmente ajeno a la verdad. Preocupa no solamente mi cargo de fiscal, sino mi integridad como persona», manifestó Rojas Guerra, quien está siendo asesorado por abogados para presentar denuncias contra Fernández Jerí.
LA INVESTIGACIÓN PARALIZADA
Actualmente, la investigación contra los magistrados María Eugenia Román Robles y Gonzalo Zabarburu Saavedra está en manos del fiscal adjunto Félix Amaru Freire, quien habría paralizado todo el proceso.
Según el abogado Juan José Quispe, representante de la familia del fiscal asesinado, los presuntos financistas presentaron una tutela de derechos en Tarapoto para tumbar la formalización de la investigación preparatoria: «Ni siquiera a nosotros como parte actor civil nos han notificado de esa tutela. El fiscal ni siquiera habría apelado esa resolución que beneficia a los financistas Zabarburu y esposa».
«Allí en Tarapoto la justicia es tierra de nadie, igual que en Amazonas. Te botan o te crean una carpeta fiscal como lo han hecho con el fiscal Rojas. Es muy lamentable que un fiscal de esas características lo quieran sacar del sistema de justicia», agregó Quispe.
Cindy Patricia Rojas Fatama, autora intelectual, estuvo 24 meses presa y salió recientemente por exceso de carcelería, pero se le escaparon 35 años de prisión. Mientras tanto, los presuntos financistas magistrados siguen «haciendo y deshaciendo en el Poder Judicial, liberando a varios culpables y detenidos como si nada», aparentemente con la protección de Juan Antonio Fernández Jerí.
LA CONEXIÓN MASÓNICA
El abogado Juan José Quispe reveló otro dato inquietante: «La masonería puede ser un ente donde personas se reúnen, tienen los mismos propósitos, pero la masonería a la cual pertenecen estas personas, y sobre todo Gonzalo Zabarburu Saavedra, que tiene el más alto cargo en la masonería en Chachapoyas, creo que el señor Fernández Jerí bien tendría que deslindarlo».
Esta conexión explicaría por qué Fernández Jerí habría viajado personalmente hasta Tarapoto para cerciorarse de que la prisión preventiva no se presentara contra su «paisano» de Chachapoyas.
INTENTAMOS COMUNICARNOS
China Polo Dominical intentó comunicarse insistentemente con Juan Antonio Fernández Jerí a su número directo, pero fue en vano. Hubiéramos querido escuchar qué tiene que decir ante todas estas graves acusaciones.
Por otro lado, esperamos que se investigue a profundidad este caso, porque si estos magistrados realmente financiaron el crimen del fiscal Caro Rodríguez, no pueden estar ni un segundo más administrando justicia, y mucho menos Juan Antonio Fernández Jerí protegiéndolos desde el cargo que debería controlar que los fiscales hagan su trabajo.
La pregunta que todos nos hacemos es: ¿En manos de quién estamos? ¿Quién controla al controlador?
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