Autoridad municipal golpeo a su expareja embarazada y amenazado con usar su poder para evitar justicia
José Lazo Arce, alcalde del distrito de Juan Guerra, en la región San Martín, enfrenta una grave denuncia por agresión física contra su expareja de 22 años, quien además estaría en estado de gestación. El caso ha generado indignación tras difundirse un video que registraría los hechos de violencia.
Según la denuncia presentada, la joven víctima habría mantenido una relación de seis meses con la autoridad municipal, período durante el cual habría sido víctima de múltiples agresiones. El punto crítico llegó el pasado 28 de octubre, cuando la mujer decidió grabar en video las agresiones que estaría sufriendo por parte del burgomaestre.
En las imágenes que circulan en medios locales y redes sociales, se observaría a Lazo Arce, aparentemente en estado de ebriedad, empujando, jaloneando y golpeando a la joven en el interior de una habitación, mientras ella llora y le pide que se detenga. El video se ha convertido en la principal evidencia del caso.
Amenazas y abuso de poder
Lo más grave del caso no solo serían las agresiones físicas, sino las amenazas que la víctima denunció haber recibido. Según su testimonio, el alcalde le habría dicho: «Yo soy el alcalde de ese distrito, tú no sabes con quién te estás metiendo. Si me denuncias, vas a salir perdiendo».
Esta amenaza constituiría un claro intento de abuso de poder para obstruir la justicia y someter a la víctima mediante el temor, utilizando su cargo público como herramienta de intimidación.
La joven también reveló que Lazo Arce tendría denuncias previas por violencia de parte de otras exparejas, lo que configuraría un patrón de conducta violenta contra las mujeres con quienes habría mantenido relaciones sentimentales.
Víctima bajo protección
Ante el temor por su integridad y la de su familia, la denunciante huyó junto a su madre a un hotel en Tarapoto inmediatamente después de presentar la denuncia. Actualmente, ambas se encuentran bajo la protección del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en un refugio especializado.
El hecho de que la víctima esté en estado de gestación constituye un agravante legal en el contexto de violencia de género, lo que ha llevado a las autoridades a tratar el caso con máxima urgencia.
Alcalde «no habido»
Tras conocerse la denuncia, la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de San Martín y efectivos de la Policía Nacional acudieron tanto al domicilio como a la municipalidad del distrito de Juan Guerra en búsqueda del alcalde José Lazo Arce. Sin embargo, la autoridad se encuentra en condición de «no habido», es decir, no ha sido ubicada en ninguno de los lugares donde habitualmente se encuentra.
Esta situación complica la investigación inicial, pero ha activado un protocolo de búsqueda por parte de las autoridades. El Ministerio Público ya habría solicitado medidas de protección inmediatas para la víctima y su madre, y estaría preparando una solicitud de prisión preventiva en contra del burgomaestre.
Presión ciudadana y consecuencias políticas
El caso ha generado indignación en la región San Martín y ha reavivado el debate sobre la violencia de género ejercida por autoridades públicas. Colectivos de mujeres y organizaciones de derechos humanos están exigiendo al Concejo Municipal de Juan Guerra que inicie de inmediato el proceso de suspensión del cargo contra Lazo Arce.
José Lazo Arce ganó las elecciones municipales de 2022 y asumió el cargo de alcalde de Juan Guerra en 2023, representando al partido político Somos Perú. El distrito se encuentra ubicado a aproximadamente 20 minutos de la ciudad de Tarapoto.
La Fiscalía está tratando el caso con las agravantes correspondientes: el abuso de poder por parte de una autoridad, las amenazas para obstruir la justicia, y el estado de gestación de la víctima. La evidencia del video y el testimonio de la denunciante serían elementos clave para el proceso judicial que se avecina.
Este caso se suma a la larga lista de denuncias por violencia contra la mujer en el país, y pone nuevamente en evidencia cómo algunos funcionarios públicos intentarían usar su poder para someter y silenciar a sus víctimas.