Megaoperativo destapa presunta organización criminal que habría operado desde el Gobierno Regional de Tumbes
Señores y señoras, anoche fuimos testigos de cómo la justicia tocó la puerta de otra autoridad regional. Segismundo Cruces Ordinola, gobernador de Tumbes, fue capturado en la capital del país en una operación de gran envergadura que involucró a la Fiscalía de la Nación y efectivos de la Policía Nacional del Perú.
Lo que parecía ser una gestión regional más, habría escondido una oscura realidad. Las investigaciones apuntan a que Cruces Ordinola no solo administraba el presupuesto regional, sino que presuntamente habría dirigido una organización delictiva dedicada al lavado de activos desde las mismas oficinas del poder.
La detención preliminar se concretó durante la noche del jueves 5 de febrero, pero esto fue apenas la punta del iceberg. Mientras el gobernador era intervenido en Lima, un operativo simultáneo se desplegaba en Tumbes. Las fuerzas del orden ejecutaban allanamientos en múltiples inmuebles vinculados al entorno más cercano de la autoridad regional.
Entre las personas cuyas viviendas fueron intervenidas destaca Zoila Cuéllar Garay, quien tendría una relación sentimental con el gobernador detenido. Pero no fue la única. Luis Peña Alburquerque, Carmen Guerrero Jaime y Lauren Egusquiza Flores también habrían formado parte de este círculo que ahora es investigado por las autoridades.
El modus operandi habría sido simple pero efectivo: aprovechar las estructuras del Gobierno Regional para encubrir y operar actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero. La sincronización del operativo entre Lima y Tumbes demuestra que la Fiscalía venía siguiendo la pista de esta presunta red criminal desde hace tiempo.
Este caso se suma a la larga lista de autoridades regionales que habrían traicionado la confianza del pueblo que los eligió. Los ciudadanos de Tumbes depositaron su voto esperando desarrollo y progreso, no que su región se convirtiera presuntamente en el centro de operaciones de una organización delictiva.
La investigación continúa y las autoridades buscan determinar hasta dónde habría llegado la red de corrupción, cuántas personas estarían involucradas y qué montos de dinero habrían sido lavados utilizando las instituciones públicas.
Esta boca no la calla nadie cuando se trata de exponer cómo algunos personajes llegan al poder y lo utilizan presuntamente para enriquecerse de manera ilícita. Los tumbesinos merecen saber la verdad completa y exigir que se haga justicia. El tiempo de la impunidad debe terminar.