El gobernador de La Libertad pidió al Ejecutivo aplicar el artículo 137 de la Constitución para declarar estado de sitio en Trujillo y aprobar con urgencia la Ley de Terrorismo Urbano tras nuevo atentado explosivo
La violencia criminal en Trujillo, capital de la región La Libertad, habría alcanzado niveles alarmantes. Luego de una fuerte explosión registrada en la cuadra 8 de la avenida Perú, en el distrito de El Porvenir, que estaría atribuida a una disputa entre bandas delincuenciales, el gobernador regional César Acuña solicitó formalmente al Ejecutivo que se declare a la ciudad en estado de sitio, una medida extrema contemplada en la Constitución para situaciones de grave alteración del orden interno.
El atentado, que habría dejado cuantiosas pérdidas materiales y pánico entre los vecinos, ha sido calificado por Acuña como un presunto acto terrorista urbano. En respuesta, propuso también la aprobación urgente de un proyecto de ley que tipificaría el «terrorismo urbano» como delito autónomo, con penas más severas para criminales que presuntamente recurren al uso de explosivos.
Un nuevo atentado sacude Trujillo
El hecho que motivó el pronunciamiento del gobernador habría ocurrido la noche del 14 de agosto, cuando una carga explosiva fue detonada frente a un local comercial ubicado en la avenida Perú. El estallido habría causado daños considerables en viviendas, negocios y vehículos. Según fuentes policiales, el ataque estaría relacionado con una presunta guerra territorial entre dos organizaciones criminales que se disputarían el control de la extorsión en la zona.
Durante una conferencia de prensa ofrecida el 15 de agosto, junto al ministro del Interior, Carlos Malaver, y el jefe del Estado Mayor de la PNP, general Óscar Arriola, Acuña fue enfático:
«Lo de anoche es un acto terrorista, por lo tanto, esto tiene que cortarse. La Constitución lo permite. El artículo 137 establece que se puede declarar estado de sitio. No podemos seguir con simples estados de emergencia», dijo el líder de Alianza para el Progreso.
¿Qué es el estado de sitio y por qué lo pide Acuña?
El estado de sitio es una figura constitucional contemplada en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú. Se aplicaría en casos de invasión, guerra civil o grave perturbación de la paz o del orden interno, y facultaría al Ejecutivo a suspender o restringir ciertas garantías constitucionales, como la libertad de tránsito, reunión o inviolabilidad de domicilio.
Para Acuña, Trujillo cumpliría con las condiciones de «grave perturbación del orden» y el presunto uso de explosivos —como el que se habría visto en este reciente atentado, o el ocurrido en enero frente al Ministerio Público— sería evidencia de que se trataría de actos con características terroristas.
«Después de lo ocurrido en la Fiscalía, ahora esto. ¿Esperamos 6 meses para otro atentado? Hay que prevenir. Trujillo necesita un golpe de timón», reclamó.
Una ley para enfrentar el «terrorismo urbano»
El gobernador regional también exhortó al Congreso a aprobar el proyecto de Ley de Terrorismo Urbano, que buscaría incorporar en el Código Penal un nuevo tipo delictivo que penalizaría con severidad los atentados con explosivos, amenazas masivas y extorsiones violentas por parte de mafias.
«¿Qué hace un miembro de banda cuando pone una bomba? Provoca zozobra, terror. ¿Eso no es terrorismo? Hay que llamarlo por su nombre. No podemos permitir que el crimen organizado actúe como si tuviera licencia», enfatizó Acuña.
Criminalidad en Trujillo: ¿zona roja del país?
La Libertad, y particularmente Trujillo, se habría convertido en una de las regiones con mayor índice de criminalidad en el Perú. En lo que va del año, decenas de homicidios, extorsiones y atentados con explosivos habrían estremecido a la población.
Según informes del Ministerio del Interior, al menos cuatro bandas criminales operarían activamente en la región, algunas con presuntas ramificaciones transnacionales y participación de ciudadanos extranjeros.
En la misma conferencia, el ministro Carlos Malaver no descartó que se analice la declaratoria de estado de sitio, pero señaló que sería una medida que requiere «evaluaciones jurídicas, constitucionales y logísticas».
Reacciones mixtas
Las declaraciones de Acuña habrían generado un fuerte debate en medios y redes sociales. Mientras algunos respaldarían su postura y demandarían acciones más drásticas contra la inseguridad, otros advertirían que una declaratoria de estado de sitio podría vulnerar derechos ciudadanos y aumentar la militarización sin resolver las causas estructurales del problema.
Por su parte, la Policía Nacional informó que ya se habría intervenido a tres presuntos responsables del atentado, entre ellos dos menores de edad y un adulto. El caso estaría en investigación.
El pedido de César Acuña de declarar estado de sitio en Trujillo sería una señal de la urgencia y gravedad con la que las autoridades locales estarían enfrentando la creciente violencia criminal. La región demandaría no solo medidas excepcionales, sino una política integral de seguridad, justicia efectiva y control territorial.
La discusión ahora recaería en el Ejecutivo y el Congreso, que deberían decidir si optan por medidas de fuerza o redoblan esfuerzos en estrategias preventivas y reformas judiciales.