Allanamiento a sedes policiales y domicilio del general PNP Arturo Valverde Inga por presuntos delitos contra la administración pública
La tarde del 1 de octubre, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, junto a efectivos de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), habría ejecutado diligencias de constatación de documentos en múltiples sedes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Tacna, incluyendo la vivienda del jefe de la Región Policial, el general PNP Arturo Valverde Inga.
Las diligencias, que habrían iniciado en horas de la mañana y se habrían extendido hasta aproximadamente las 2:30 p.m., se habrían llevado a cabo en la Comisaría Central de Tacna, la Sanidad Policial y la Oficina de Recursos Humanos de la Región Policial, así como en el domicilio del general Valverde.
La fiscal a cargo de la investigación, Milagros Benavente, habría confirmado que las diligencias buscarían recabar información sobre presuntos delitos contra la administración pública. Sin embargo, la representante del Ministerio Público habría evitado proporcionar mayores detalles sobre la naturaleza específica de la investigación, argumentando que se trataría de un caso bajo reserva.
Lo que sí habría adelantado la fiscal Benavente es que la investigación se habría iniciado a raíz de una denuncia presentada directamente ante su despacho, aunque no habría precisado la identidad del denunciante ni la fecha exacta en que se habría interpuesto la queja.
Por su parte, el general PNP Arturo Valverde Inga habría manifestado que no podría brindar declaraciones sobre el caso, indicando que la Fiscalía le habría advertido expresamente que se trataría de una investigación bajo reserva. El alto oficial habría optado por no ahondar en detalles que podrían comprometer el curso de las indagaciones.
Según información extraoficial recogida por fuentes cercanas al caso, la investigación estaría relacionada con el traslado de personal policial hacia distintas comisarías y dependencias de Tacna, movimientos que se habrían realizado presuntamente de forma irregular.
Las mismas fuentes habrían señalado que la Fiscalía buscaría determinar si estos traslados de personal se habrían ejecutado a cambio de dádivas o pagos indebidos, lo que configuraría delitos de cohecho pasivo específico y tráfico de influencias.
De confirmarse estas irregularidades, el general Valverde y otros funcionarios involucrados podrían enfrentar graves sanciones administrativas y penales, incluyendo la destitución del cargo y penas privativas de libertad.
La ciudadanía de Tacna habría expresado su preocupación ante este nuevo escándalo que involucraría a altos mandos de la institución policial, en un contexto donde la lucha contra la corrupción se habría convertido en una prioridad nacional.
Por el momento, la Fiscalía habría continuado con las investigaciones y se esperaría que en los próximos días se definan los pasos a seguir, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares contra los presuntos implicados.
Esta boca no la calla nadie seguirá informando sobre este caso conforme se desarrollen las investigaciones y salgan a la luz nuevos detalles.