Auditoría revela que municipio también dejó de cobrar S/ 386,250 en penalidades por incumplimientos contractuales en reconstrucción de avenida
La Contraloría General de la República identificó serias irregularidades administrativas en la ejecución de la obra de reconstrucción de la Avenida Don Bosco, ubicada en el distrito de Veintiséis de Octubre, región Piura. El Informe de Auditoría n.° 054-2025-2-6042-AC documenta que la Municipalidad Distrital habría desembolsado S/ 123,900 a un contratista por servicios de especialistas que no habrían participado en los trabajos de construcción.
El análisis del periodo comprendido entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 establece que la entidad municipal también habría omitido aplicar penalidades por incumplimiento contractual que alcanzarían los S/ 386,250, afectando el manejo de recursos públicos destinados a infraestructura vial.
Irregularidades desde la fase de contratación
La investigación del Órgano de Control Institucional (OCI) verificó anomalías desde los actos preparatorios del proceso de contratación. Según el informe, se habría invitado a cotizar a empresas con vínculos entre sí, y la buena pro fue otorgada a un consorcio que propuso especialistas en las áreas ambiental y de calidad que no cumplirían con los requisitos establecidos en las bases del concurso.
A pesar de que el OCI habría advertido mediante informes de control simultáneo sobre la ausencia del personal especializado durante la ejecución de la obra, los funcionarios responsables no habrían adoptado medidas correctivas y permitieron la continuidad del trámite de pago de nueve valorizaciones.
El contratista intentó justificar la supuesta participación de los profesionales mediante registros fotográficos. Sin embargo, los auditores constataron que en dichas imágenes no se visualizaba la participación efectiva de los especialistas, confirmando su inasistencia al proyecto.
Esta situación derivó en que la Subgerencia de Infraestructura comunicara recientemente una observación a la liquidación de la obra, donde se busca descontar los montos pagados indebidamente y aplicar penalidades por un total de S/ 787,706.75, monto que incluye las desviaciones notificadas previamente por el órgano de control.
Funcionarios señalados en el informe
La Contraloría identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en tres funcionarios de las áreas de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Abastecimiento de la municipalidad distrital.
Entre los señalados figura Armandina Pongo Minga, jefa de la Oficina de Abastecimiento, quien habría conducido el procedimiento de contratación directa invitando a postores vinculados y otorgando la buena pro a un consorcio que no habría sido invitado formalmente. Además, se le cuestiona por realizar gestiones administrativas inusualmente rápidas para perfeccionar el contrato sin verificar la documentación presentada por los especialistas propuestos.
Asimismo, se determinó la presunta responsabilidad de Johny Henry Castillo Calderón, subgerente de Infraestructura, quien habría brindado conformidad para el contrato a pesar de deficiencias técnicas en la oferta. Castillo habría omitido aplicar penalidades tras ser informado de la ausencia de los profesionales y brindado conformidad a valorizaciones que contenían informes de servicios que no se habrían realizado.
Por su parte, Felipe Iván Sánchez Cumbicus, gerente de Desarrollo Urbano, documentó la ausencia de los especialistas en el cuaderno de obra en reiteradas ocasiones cuando ejerció como inspector, pero no habría emitido los informes necesarios para aplicar las sanciones correspondientes.
Deficiencias en gestión administrativa
Durante el desarrollo del servicio de control, se reveló una situación logística deficiente en la Oficina de Tesorería de la municipalidad. Se verificó que esta área no contaría con el espacio físico suficiente para el desarrollo de sus labores ni para el archivo de documentos, sumado a una falta de personal para atender requerimientos de información de manera oportuna.
Esta carencia de un sistema de archivo adecuado dificultaría la ubicación de documentación clave para la transparencia y fiscalización de los recursos municipales.
Recomendaciones y acciones legales
Ante estos hallazgos, la Contraloría ha recomendado a la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios el inicio de acciones penales contra los involucrados. El informe ha sido notificado al alcalde distrital para que se realicen los deslindes de responsabilidad administrativa correspondientes.
La entidad municipal evalúa las alternativas para recuperar los fondos mediante el descuento en la liquidación final de obra o la ejecución de las cartas fianza presentadas por el contratista.