Separación inmediata y proceso sancionador para los efectivos que protagonizaron vergonzoso acto de abuso de autoridad
Señores y señoras, la Municipalidad de San Isidro tomó cartas en el asunto y decidió actuar con mano dura: dos efectivos del serenazgo fueron retirados de sus cargos de manera inmediata luego de que salieran a la luz las vergonzosas imágenes donde se les ve comiéndose tranquilamente el ceviche que minutos antes le habían decomisado a un vendedor ambulante.
Esta boca no la calla nadie y aquí celebramos cuando las autoridades actúan, pero también exigimos que la sanción sea ejemplar y no quede solo en palabras bonitas.
El escándalo explotó cuando diversos medios de comunicación y redes sociales difundieron el video que muestra a estos dos sujetos sentados, dándose tremendo festín con el producto que le quitaron a un trabajador humilde. La indignación ciudadana no se hizo esperar y la presión obligó a la comuna isidrina a tomar acción inmediata.
Mediante un comunicado oficial publicado en todas sus plataformas digitales, la Municipalidad de San Isidro confirmó la separación inmediata de ambos efectivos y anunció que ya ordenó el inicio de un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) para aplicar la máxima sanción posible que contempla la ley.
Pero eso no es todo. La autoridad edil también dejó claro que además del proceso administrativo, podrían derivarse acciones legales adicionales por esta grave inconducta que vulneró completamente los protocolos de intervención y la ética que debe caracterizar a todo servidor público.
La pregunta que surge ahora es: ¿será suficiente la separación o necesitamos ir más allá? ¿Esta sanción ejemplarizará realmente o quedarán libres para cometer abusos en otro lugar?
El peso de la ley: ¿qué les espera a los serenazgos retirados?
Ahora que ya están fuera, el proceso administrativo determinará la magnitud del castigo. Según la Ley N.º 27444, la famosa Ley del Procedimiento Administrativo General, cuando existe inconducta grave, violación de deberes y mala praxis como en este caso, las sanciones pueden escalar rápidamente:
- Amonestación escrita: El castigo más leve, una reprimenda formal que queda en el expediente.
- Suspensión temporal: Quedar sin trabajo por un tiempo determinado, sin cobrar un sol.
- Destitución: La patada definitiva, separación permanente del cargo público.
- Inhabilitación: El golpe mortal, quedar vetado para ejercer cualquier función pública en el futuro.
Y si creen que ahí termina la cosa, están equivocados. La Contraloría General de la República también tiene potestad para intervenir y cuando se comprueba responsabilidad funcional en actos que afectan gravemente al Estado o a los ciudadanos, puede aplicar inhabilitaciones de hasta 5 años completos.
Para dimensionar el tema, el último Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles publicado el 30 de noviembre de 2025 reportó 1.264 sanciones disciplinarias contra trabajadores municipales en todo el país. Solo en San Isidro ya acumulan 45 personas inhabilitadas por diversas faltas.
La acción que el pueblo exigía
La decisión de la Municipalidad de San Isidro de retirar inmediatamente a estos efectivos es un primer paso importante, pero no puede quedarse solo en eso. El pueblo exige que el proceso administrativo avance sin demoras, que se investigue a fondo y que la sanción sea contundente.
Porque seamos claros: estos sujetos no solo violaron un protocolo, humillaron a un trabajador honesto que se gana la vida vendiendo en las calles. Mientras ese vendedor ambulante veía cómo perdía su inversión del día, su sustento, estos personajes se sentaban a disfrutar de lo que no era suyo como si fuera lo más normal del mundo.
¿Eso es servir a la comunidad? ¿Eso es proteger al ciudadano? La respuesta es un rotundo NO.
La Municipalidad rechazó categóricamente este tipo de acciones y aseguró que no tolerará ninguna conducta que vulnere la ética pública. Pero ahora toca demostrar con hechos que no es solo un comunicado más para calmar las aguas.