Habrían cambiado las chapas y dejado en la calle al arrendatario tras cobrarle dos meses adelantados
En la ciudad de Lima, específicamente en el distrito de Breña, un inquilino denuncia haber sido víctima de un presunto robo masivo por parte de sus arrendatarias. Angélica Ortiz de Orue Sosaya y su hija Sandy Mabel Tapia Ortiz estarían involucradas en un caso que habría dejado al denunciante sin pertenencias valoradas en aproximadamente S/. 50,000.
Según la denuncia policial registrada el 21 de enero de 2026 ante la Comisaría PNP Chacra Colorada. El arrendatario habría pagado S/. 1,100 correspondientes a dos meses de alquiler (diciembre 2025 y enero 2026) a razón de S/. 550 mensuales, según consta en el recibo número 180 fechado el 9 de noviembre de 2025.
El caso habría escalado cuando, según la copia certificada de la denuncia policial, el 21 de enero de 2026 a las 03:00 horas, el denunciante Luis Torres Herrera fue comunicado mediante llamada radial por el personal de la Guardia de Prevención del SERENAZGO que debía acudir a prestar apoyo policial al recurrente.
Al llegar al lugar, los efectivos policiales habrían constatado que el inquilino no podía ingresar a su habitación. Según el documento oficial, al entrevistar al recurrente y al hablar con el propietario, se habría descubierto que la arrendataria presuntamente cortó el suministro eléctrico de la habitación. La situación se habría tornado más grave cuando se constató que no había luz, así como tampoco en la zona del baño compartido.
En la carta notarial fechada el 23 de marzo de 2026, dirigida a Angélica Ortiz de Orue Sosaya, se detallan graves acusaciones. El documento señala que debido al «hostigamiento y demás acosos» que habría sufrido el denunciante, se habría violado su derecho constitucional a la tranquilidad, además de haberle causado presuntamente daño físico.
Según la carta notarial, las arrendatarias habrían estado «echando algún insecticida en las noches», lo que habría obligado al inquilino a dormir en un hostal, generando un perjuicio económico de 40 días por 30 soles diarios, totalizando S/. 1,200. Adicionalmente, el denunciante habría gastado S/. 850 en tratamiento médico para sus pulmones debido presuntamente a los insecticidas utilizados.
La denuncia policial también registra que, durante la intervención, los efectivos se habrían dirigido hacia la Guardia donde el suscrito comunicó con el recurrente que se dirigiría hacia el lugar mencionado. Al llegar, habrían visualizado que el inmueble consta de tres pisos de material noble en una zona de ingreso de metal de color negro, con autorización de fachada azul.
Lo más grave del caso es que, según el denunciante, la arrendataria se habría metido a la habitación utilizando presuntamente una llave duplicada sin autorización del inquilino. En ese momento, según la versión del afectado, habría ocurrido el presunto robo de sus pertenencias valoradas en S/. 50,000.
El documento policial menciona que la arrendataria habría justificado su ingreso no autorizado argumentando que necesitaba cerrar una ventana. Sin embargo, el inquilino alega que esto habría sido una excusa para perpetrar el presunto robo.
Vecinos del sector habrían confirmado un patrón de conducta similar. Según testimonios recogidos, las arrendatarias tendrían un historial de problemas con inquilinos anteriores, quienes no habrían durado más de un mes en el inmueble y también habrían perdido sus depósitos de garantía.
La denuncia también sugiere que las acusadas contarían con la presunta complicidad de un abogado que viviría con ellas, así como de efectivos policiales de la Comisaría de Chacra Colorada en Breña, quienes supuestamente las conocerían pero habrían recibido pagos para ayudarlas.
Durante la intervención policial del 21 de enero, los efectivos habrían esperado aproximadamente una hora para que la arrendataria restableciera el suministro eléctrico al inquilino. Según la denuncia, durante ese tiempo ella habría mencionado que conocía a un capitán de la Policía de la Comisaría de Chacra Colorada.
El caso ahora se encuentra en manos de las autoridades competentes, mientras el denunciante exige justicia y la devolución de sus pertenencias o su valor equivalente.
Este caso pone en evidencia los riesgos que enfrentan los inquilinos en la capital y la presunta falta de protección ante arrendatarios inescrupulosos que se aprovecharían de su posición de poder sobre las propiedades que administran.
Las autoridades correspondientes deberán investigar a fondo estas graves acusaciones que involucrarían no solo un presunto robo de gran magnitud, sino también posible abuso de autoridad, usurpación, violación de domicilio y presunta corrupción policial.