Amenaza contra juez y fiscal relacionada con prisión preventiva de presunto delincuente genera alarma en instituciones judiciales
En horas de la mañana del 31 de octubre de 2025, vecinos del distrito de Ate reportaron la presencia de un paquete sospechoso en el ingreso principal de la sede del nuevo Código Procesal Penal, perteneciente a la Corte Superior de Justicia de Lima Este, ubicada en las instalaciones Nicolás Sayon.
El hallazgo consistió en un cartucho de dinamita acompañado de una carta intimidatoria dirigida específicamente a un juez y un fiscal, cuyos nombres y apellidos aparecen identificados en el documento. La misiva exigiría que no se conceda la liberación de Davis Gabriel Cordero Cárdenas, conocido como «Chato Davis», quien se encuentra bajo prisión preventiva.
Contexto del caso
Davis Gabriel Cordero Cárdenas habría sido capturado en febrero del presente año en Huaycán, tras dos años de búsqueda por parte de las autoridades. El detenido cumple una orden de prisión preventiva de dieciocho meses, con plazo hasta agosto de 2026.
La carta hallada en la sede judicial estaría firmada por una organización criminal identificada como «Los Mexicanos». Según el contenido del documento, pese a encontrarse privado de libertad, Cordero Cárdenas mantendría influencia en el exterior mediante presuntos emisarios que operarían en los distritos de Ate y Huaycán.
Medidas institucionales
Como respuesta inmediata al incidente, los trabajadores y funcionarios de la sede judicial emitieron un comunicado restringiendo el acceso y la atención al público en las instalaciones. Solo se permite el ingreso hasta la puerta principal y la entrega de documentos en mesa de partes.
Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial sobre las medidas de seguridad específicas que se implementarán para proteger a los funcionarios judiciales amenazados.
Contexto de seguridad en Lima
El incidente ocurre en un contexto de estado de emergencia en Lima, donde las organizaciones criminales han incrementado el uso de intimidación y amenazas como mecanismo de presión sobre operadores del sistema de justicia.
Recientemente se reportaron casos similares donde fiscales encargados de investigaciones contra organizaciones criminales denunciaron recibir amenazas directas, evidenciando la presión sistemática a la que estarían sometidos los funcionarios judiciales en la capital peruana.
La facilidad con la que se habría depositado un paquete explosivo en una sede judicial, pese a las medidas de seguridad vigentes, genera preocupación tanto en los trabajadores del sector público como en la ciudadanía en general.