Banda criminal «La Batería de Taquire» habría atacado vivienda en represalia por denuncia de extorsión
Una familia de San Juan de Lurigancho vive aterrorizada después de que su vivienda fuera atacada a balazos, presuntamente como represalia por denunciar a una banda de extorsionadores. El atentado puso en riesgo la vida de una anciana de 75 años que descansaba en su habitación cuando los proyectiles impactaron las paredes de su casa.
La víctima relató que todo comenzó cuando los delincuentes le exigieron S/400 mensuales a cambio de no atentar contra su negocio. Al negarse a pagar y presentar la denuncia formal ante la Policía Nacional del Perú (PNP), los criminales habrían respondido con violencia extrema, disparando contra su domicilio.
«Intentaron matar a mi madre», expresó la denunciante, quien ahora exige garantías personales al Ministerio del Interior. La familia vive desplazada por temor a un nuevo ataque.
La banda detrás del terror
Según la denuncia policial, los mensajes amenazantes llegaron días después de formalizar la acusación. En uno de ellos, los criminales habrían advertido que el atentado era «por soplona», confirmando su conexión con la organización criminal «La Batería de Taquire», dedicada a la extorsión, cobro de cupos y ataques armados en el distrito.
Este grupo delictivo ya estaría en la mira de las autoridades. En un reciente operativo, varios de sus presuntos integrantes fueron capturados durante una boda, entre ellos Eduardo Ronald Taquire Ramos, quien sería identificado como líder y responsable de múltiples atentados en la zona.
La víctima también recordó que en 2021 los mismos delincuentes habrían apuñalado a su nieto de 13 años, quien permaneció internado en la UCI tras el brutal ataque.
«No tengo nada que ver con ellos, mucho menos mis hijos. Lo que vivimos es una pesadilla que comenzó hace tres años», declaró la afectada, pidiendo justicia y protección inmediata.
Extorsión: el delito que asfixia Lima Este
San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del país, se habría convertido en un epicentro de la violencia urbana. En los últimos meses se han registrado múltiples atentados por extorsión, balaceras, asesinatos y ataques con granadas. Las bandas locales, algunas presuntamente vinculadas al «Tren de Aragua», controlarían zonas comerciales, mercados y obras de construcción.
La extorsión se habría normalizado como un mecanismo de control criminal. Según fuentes policiales, los delincuentes cobrarían entre S/200 y S/1,000 mensuales a pequeños comerciantes, transportistas y propietarios de negocios, a cambio de «protección». Quienes se niegan, serían amenazados o atacados.
En respuesta, la PNP habría intensificado los operativos en el distrito, logrando la captura de varias células delictivas. Sin embargo, los vecinos aseguran que el temor persiste y que las represalias serían inmediatas cada vez que alguien se atreve a denunciar.