Los 16 alcaldes y la gobernadora regional de Lima se unieron en un frontal rechazo a la decisión impuesta por el Ministerio de Justicia
Los 16 alcaldes de la provincia de Cañete y la gobernadora regional de Lima se habrían pronunciado de manera enérgica contra el traslado del centro juvenil de rehabilitación «Maranguita» al distrito de San Antonio. Esta decisión, que estaría siendo impulsada por el Ministerio de Justicia, habría sido adoptada sin ninguna consulta previa ni coordinación con las autoridades locales, quienes denuncian un total atropello a su autonomía.
El Ministerio habría enviado una simple notificación el último viernes informando sobre el traslado, pero sin brindar ningún detalle técnico, administrativo ni la ubicación precisa donde se pretendería construir este centro. Y eso no es todo. El alcalde de San Antonio habría declarado que ni siquiera ha recibido comunicación formal alguna sobre esta construcción en su jurisdicción. ¿Cómo es posible, señores, que se tome una decisión de esta magnitud sin informar ni siquiera al burgomaestre del distrito afectado?
Los alcaldes de los distritos más cercanos al terreno propuesto, como Chilca, Santa Cruz de Flores y Mala, también estarían manifestando su total desacuerdo, argumentando que el proyecto representaría una grave amenaza para la seguridad ciudadana y el desarrollo económico de toda la zona, la cual viene apostando fuertemente por el turismo como motor de crecimiento.
Todos los líderes municipales habrían coincidido en que no existiría ningún convenio legal que respalde la instalación del centro, y que el traslado no habría seguido un procedimiento técnico ni transparente. Esta situación reflejaría una imposición que vulneraría la autonomía de las autoridades locales.
La gobernadora regional de Lima, Rosa Vázquez, se habría sumado al rechazo, calificando como «inaceptable» que una decisión de tal magnitud se tome sin la participación de los gobiernos regionales y municipales. Además, habría cuestionado la falta total de claridad sobre los terrenos elegidos para el proyecto.
Durante una reunión convocada con el ministro de Justicia, los alcaldes se estarían preparando para exponer formalmente su oposición, mientras que la población habría anunciado movilizaciones hacia Lima para hacer oír su voz ante el Ejecutivo.
Como medida inmediata, las autoridades locales y regionales estarían exigiendo que el Ministerio de Justicia suspenda el traslado de Maranguita a San Antonio hasta que se realice una consulta formal, se presenten los estudios técnicos correspondientes y se evalúe el verdadero impacto que tendría este proyecto en la provincia de Cañete.
