El INPE frustró el ingreso de dispositivos prohibidos en Lurigancho: la seguridad carcelaria una vez más bajo la lupa
David Aguilar Mendoza fue detenido este miércoles 27 de noviembre en las instalaciones del penal de Lurigancho cuando el personal de seguridad encontró en su poder dos chips telefónicos y una memoria micro SD. El hombre, quien se desempeñaría como agente pastoral, habría intentado ingresar estos dispositivos electrónicos al interior del recinto penitenciario más grande del país.
Los hechos se habrían producido durante el proceso de revisión de seguridad que toda persona debe pasar antes de acceder a las instalaciones. El hallazgo se concretó cuando los agentes penitenciarios inspeccionaron la billetera de Aguilar Mendoza, donde habrían encontrado los elementos prohibidos cuidadosamente ocultos.
Según la información proporcionada por el Instituto Nacional Penitenciario, el objetivo del visitante era llegar hasta el pabellón 18, donde un grupo de reclusos pertenecientes a una congregación religiosa habrían estado esperando la visita pastoral programada para ese día.
La institución penitenciaria señala que estos componentes electrónicos representan un riesgo significativo para la seguridad del establecimiento, ya que podrían ser utilizados para mantener comunicaciones no autorizadas entre los internos y el exterior. Este tipo de contactos habrían facilitado, en otros casos similares, la coordinación de actividades ilícitas desde el interior de los penales.
Tras la detección de los dispositivos, el protocolo de seguridad se activó inmediatamente. Las autoridades del INPE dieron aviso tanto al Ministerio Público como a la Policía Nacional del Perú, instituciones que ahora habrían iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del caso y las posibles responsabilidades legales.
El marco normativo peruano establece sanciones severas para quienes intenten introducir equipos de comunicación o sus componentes a los centros penitenciarios. Las penas por este tipo de infracciones podrían alcanzar hasta dos décadas de privación de libertad, según recordó el INPE en su comunicado oficial.
Lurigancho, reconocido como el establecimiento penitenciario con mayor población reclusa del Perú, enfrenta constantemente desafíos relacionados con el control de ingreso de elementos prohibidos. La magnitud de sus instalaciones y el volumen de visitantes diarios convierten la labor de vigilancia en una tarea compleja que requiere la aplicación estricta de protocolos de seguridad.
El Instituto Nacional Penitenciario mantiene su posición de tolerancia cero ante cualquier intento de vulnerar las normas de seguridad, reiterando que los controles continuarán aplicándose con el mismo rigor en todos sus establecimientos a nivel nacional.