La denuncia ya existía desde el 29 de abril, pero el premier habría mentido al país
Enrique Carbonell, padre de uno de los 13 trabajadores que habrían sido asesinados en la mina Poderosa, en Pataz (La Libertad), se habría mostrado visiblemente afectado al cuestionar la versión oficial del primer ministro, Gustavo Adrianzén, quien habría negado tener conocimiento sobre el secuestro que precedió a la masacre.
«Señor Adrianzén, escúcheme usted. Usted es un patán, es un desgraciado, porque no ha tenido contemplancia con aquellos que han sido retenidos por estos delincuentes», habría expresado indignado el padre de familia, en declaraciones a Canal N.
Según Carbonell, la denuncia formal sobre el secuestro habría sido presentada el martes 29 de abril a las 10 de la noche. «Y usted sale a decir el día miércoles que no sabía nada y que no había ninguna denuncia. Eso es una mentira grande, y que lo sepa toda la nación», habría agregado.
El reclamo de Carbonell se sumaría al creciente malestar de los familiares de las víctimas, quienes estarían exigiendo justicia y mayor presencia del Estado en una zona marcada por la violencia criminal. «Estoy indignado por esa actitud suya, y debe salir a los medios de comunicación a desmentir eso. Son seres humanos, señor», habría exigido.
Además, habría denunciado el abandono de las autoridades en Pataz. «No hay ni un puesto policial, ni siquiera un puesto de auxilio rápido. Entonces, ¿por qué no ponen una base militar?», habría reclamado. También habría exhortado al Congreso a tomar cartas en el asunto ante la evidente falta de protección estatal en la región.
##Gobierno de Dina Boluarte habría dudado de la veracidad del atentado
El 30 de abril, apenas un día después de que se denunciara el secuestro, el primer ministro Gustavo Adrianzén habría restado importancia a los reportes iniciales, alegando que no existía información oficial al respecto.
La tragedia se agravaría considerando que la masacre se habría producido en un contexto de estado de emergencia, declarado por el Ejecutivo y respaldado por el gobernador regional César Acuña.
A través de un comunicado, la propia empresa Poderosa habría denunciado el abandono del Estado y el deterioro de las condiciones de seguridad en Pataz. «Esta semana, en un acto que pone en evidencia el terrible deterioro de las condiciones de seguridad en Pataz, mineros ilegales coludidos con criminales, secuestraron a 13 trabajadores que brindaban servicios a un minero artesanal, con quien Poderosa mantiene un contrato de explotación», señalaría la publicación.
La compañía habría cuestionado la falta de resultados concretos de las autoridades, recordando que la semana previa se habrían desplegado más de 800 efectivos policiales en un operativo que no incluyó interdicciones en las bocaminas ilegales donde finalmente se habrían producido los enfrentamientos.
