Suboficial en actividad habría manipulado denuncias contra rivales en pugna por control de minería ilegal
El programa «China Polo Dominical» habría descubierto una trama oscura detrás de las recientes desapariciones en la provincia de Pataz. Según fuentes confiables, el suboficial en actividad Alonzo Casamayor, presuntamente vinculado a la organización criminal «La Gran Alianza», estaría manipulando a familiares de personas desaparecidas para que denuncien a un sujeto conocido como alias «Cuchillo», con quien tendrían rivalidad por el control de actividades mineras ilegales.
Las personas desaparecidas habrían estado cumpliendo labores de seguridad informal, conocido como «chalequeo», para mineros informales supuestamente vinculados a «La Gran Alianza». Según las investigaciones, estas desapariciones podrían estar relacionadas con enfrentamientos ocurridos en los interiores de una conocida mina de la localidad.
La denuncia se sostendría en un audio proporcionado por un familiar de las víctimas, donde se evidenciaría la comunicación con el presunto jefe de seguridad Alonzo Casamayor, quien habría reclutado mayoritariamente a personas de Cumbia, Jaén y otras provincias.
Lo más grave de esta situación es que, aparentemente, el Estado tendría conocimiento de lo que sucede en el distrito de Parcoy, zona conocida como el Batolito de Pataz, donde operan tres mineras de mediana escala y numerosos mineros informales. Esta zona estaría operando de forma similar a Caravelí, Madre de Dios o Rinconada en Puno.
Si bien Minera Poderosa no estaría directamente involucrada, podría existir responsabilidad indirecta, ya que presuntamente permitirían la minería informal en su zona de denuncios para posteriormente comprar el oro extraído.
Esta realidad habría convertido a Retamas y pueblos anexos en «tierra de nadie», donde prosperarían mafias dedicadas al tráfico de oro que, según las investigaciones, financiarían la delincuencia en Trujillo. Las medidas de Estado de Emergencia impuestas por la Presidenta no estarían dando resultados efectivos ante la falta de decisión política para ordenar la zona.
Historias de corrupción y violencia se habrían normalizado en la región, donde 25 casas en Retamas contarían con túneles que llegarían hasta las minas, facilitando el robo de oro. La Policía presuntamente estaría involucrada, ignorando estos delitos debido a los fuertes incentivos económicos.
La situación actual tendría raíces históricas. Hace más de 50 años, los posesionarios de esos pueblos iniciaron trámites para ser propietarios de los terrenos, aunque la mayoría no concluyó el proceso. Posteriormente, hace 40 años, Minera Poderosa obtuvo títulos de concesión sobre la zona donde ya existían labores artesanales.
Según testimonios, Poderosa habría obligado a los mineros artesanales a venderles el material a un 50% del precio real. Cuando los mineros descubrieron que en Trujillo les pagaban el doble, comenzaron a vender allí su material.
En respuesta, un empleado de alto rango de Poderosa habría convencido a la empresa de contratar delincuentes trujillanos para amedrentar a los artesanales, destinando 3 millones de soles para este fin. Sin embargo, la situación habría escalado cuando delincuentes de mayor nivel se ofrecieron a realizar el mismo trabajo, exigiendo eventualmente el control de labores mineras a cambio de protección.
Como resultado de esta compleja trama, hoy muchos de estos presuntos delincuentes serían millonarios, y los problemas de violencia, corrupción y disputas por el control del oro continuarían en la región.
