Masacre en pleno estado de emergencia deja al descubierto presunta negligencia de autoridades
Trece trabajadores de la empresa minera R&R habrían sido asesinados brutalmente tras ser secuestrados el pasado 26 de abril en la provincia de Pataz, región La Libertad. Sus cuerpos habrían sido encontrados este domingo dentro de un socavón con signos de tortura, amordazados y con disparos en la nuca, según reportaron medios nacionales.
Lo más indignante del caso sería que hace apenas cuatro días, el premier Gustavo Adrianzén habría negado la existencia del secuestro durante una conferencia del Consejo de Ministros. «No tenemos noticias de que se haya producido el hecho. Se ha recibido información extraoficial de terceros no identificados que reiteraría la inexistencia de este hecho», habría declarado el presidente del Consejo de Ministros el pasado miércoles 30 de abril.
Cómo habrían sido ejecutados los mineros
Terrible. Según habría revelado Latina Noticias, existe un escalofriante video que mostraría cómo se habría producido el atroz crimen. La grabación no habría sido difundida en su totalidad, pero sí se habrían mostrado capturas donde se vería a los trabajadores desnudos y amordazados.
Los delincuentes habrían procedido a dispararles en la nuca, según habría narrado la conductora Fátima Aguilar: «Constantemente se escucha a sujetos, que llevan armas de largo alcance, exigir su muerte, para finalmente dispararles cerca de la nuca y la cabeza».
La Policía Nacional habría sido quien ingresó al socavón y halló la macabra escena: todos los mineros habrían sido ejecutados y sus cuerpos estaban maniatados, según habrían relatado sus familiares.
Congresistas exigen salida del premier Adrianzén
Tras conocerse la tragedia, diversos congresistas habrían exigido la renuncia o censura del premier. Entre ellos, Edward Málaga Trillo, quien habría expresado su indignación señalando que las declaraciones de Adrianzén reflejarían una desconexión con la gravedad de los hechos. «¿De qué han servido los estados de emergencia? ¿De qué sirvió que Adrianzén vaya a Pataz a prometer más bases policiales?», habría cuestionado el parlamentario.
La congresista Silvana Robles también habría criticado duramente al Ejecutivo, acusándolos de actuar de espaldas a la población. «Este es el resultado de las leyes pro crimen y la ineficacia del Ejecutivo. Ni los estados de emergencia ni el cuarto de guerra han sido eficaces», habría afirmado.
Por su parte, Susel Paredes habría calificado al premier como un «desastre» y habría compartido una publicación en la que se menciona que la masacre reportada «debe costarle la cabeza al titular del Ministerio del Interior, Julio Díaz Zulueta». Asimismo, habría recordado que elaboró una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte e invocó a firmarla. «No merecemos a esta mujer en el gobierno», habría escrito.
Capturan a dos delincuentes armados cerca de la zona
Lo que podría ser un avance en la investigación. La Policía Nacional habría capturado a dos delincuentes armados que la madrugada del sábado secuestraron a trabajadores de la minera Caravelí. Los detenidos habrían sido identificados como Ebert Quispe Hoyos (28) y José Elías (21), y las autoridades estarían investigando si tienen relación con el asesinato de los 13 mineros, ya que esa minera se encontraría cerca de la zona del crimen.
Durante la intervención se habría producido un enfrentamiento entre policías, ronderos y delincuentes, que habría dejado dos agentes y seis civiles heridos por impactos de bala. Todos habrían sido trasladados a centros médicos de la región.
Según información policial obtenida por Perú21, desde las 5:30 a.m. de ayer, los miembros de la policía habrían encontrado en el lugar 103 unidades de emulsión encartuchada marca Famesa (explosivos para actividad minera), también se habría hallado un artefacto explosivo improvisado. Además, cuatro fulminantes con mecha (explosivo), medio saco de nitrato de amonio (urea), 216 municiones (balas) con diferentes tipos de inscripciones y cinco rollos de mecha para explosivo.
Detrás del crimen estaría «Cuchillo», conocido delincuente de la zona
Según las investigaciones preliminares, el secuestro de los 13 trabajadores habría sido ejecutado por la banda liderada por Miguel Rodríguez Díaz, alias «Cuchillo», quien habría exigido cuatro millones de soles como rescate, pero no habría habido negociación ni nuevos contactos con los familiares.
Según las fotos enviadas por la Policía, se apreciaría que a los criminales se les habría encontrado al menos cuatro armas largas y cacerinas.
El alcalde de Pataz exige justicia y anuncia marcha a Lima
El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, habría calificado el asesinato como un acto terrorista y habría exigido la pena de muerte para castigar crímenes de esa magnitud. Además, habría anunciado que el próximo 12 de mayo liderará una marcha hacia Lima para exigir acciones concretas frente a la ola de crímenes en la zona.
«Que desconfíe de los alcaldes, me pongo al servicio de las investigaciones; que desconfíe de los mineros artesanales, de los ilegales, de la minera grande, de la Policía; que desconfíe de todos. Si hace ese trabajo, estoy seguro de que encontrará quién está detrás de todo esto», habría declarado.
El burgomaestre también habría anunciado que este lunes se reunirá con la presidenta Dina Boluarte. «Si me meten preso o me asesinan, el único responsable será el Gobierno central… Prefiero que me asesinen», habría advertido.
Ministerio del Interior anuncia medidas tras el crimen
El Ministerio del Interior, tras el hallazgo de los cadáveres, habría anunciado el despliegue inmediato de equipos de élite del Grupo Especial contra el Crimen Organizado, así como de las divisiones especializadas de Investigación de Secuestros y Extorsiones, y de Investigación de Homicidios de la Dirincri.
Sumado a esto, habría pedido la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas y la instalación de una base militar permanente en la zona. «Desde el Ministerio del Interior expresamos nuestro más profundo pesar por estas irreparables pérdidas y reafirmamos nuestra decisión de erradicar esta lacra criminal», habría precisado el comunicado.
Minera Poderosa pide replantear estrategia de seguridad
Poderosa, una de las principales mineras de la zona, también habría masificado un anuncio oficial y habría reiterado el llamado urgente para replantear la estrategia que frena la criminalidad.
«Para ello hace falta fortalecer el trabajo de inteligencia y trabajar de la mano con el Ministerio Público y el Poder Judicial», habría subrayado. Sin embargo, habría argumentado, no será posible derrotar a la delincuencia si la «Policía sigue sin ingresar a las bocaminas ilegales, donde se guarecen y desde donde actúan las bandas criminales, y cuya ubicación está plenamente identificada y georeferenciada».
¿Qué pasará con Adrianzén tras esta tragedia?
Hasta el momento, pese a que ya se habría confirmado la masacre, el premier todavía no habría salido a ejercer algún mea culpa o aclaración. Lo único que habría hecho es publicar a través de redes sociales el hashtag «LaMineríaIlegalAsesina».
Mientras tanto, la presión política por su salida seguiría creciendo. ¿Le costará el cargo esta negligencia? ¿Habrá consecuencias políticas para el Gobierno de Dina Boluarte? Las próximas horas serán decisivas.
