Más de un año y medio de «emergencia» sin resultados: La violencia se habría intensificado pese a presencia militar
¡Señores, señoras! Lo que está pasando en Pataz es un escándalo que esta boca no va a callar. El gobierno de Dina Boluarte ha prorrogado NUEVAMENTE el estado de emergencia en esta provincia de La Libertad, medida que estaría vigente desde el 7 de agosto de 2025 por 60 días más, según el Decreto Supremo Nº 101-2025-PCM.
Pero aquí viene lo que realmente deberían saber: esta medida habría fracasado rotundamente desde su implementación en febrero de 2024. ¿Los resultados después de múltiples prórrogas consecutivas? La masacre de 13 trabajadores mineros de la empresa R&R el pasado 25 de abril de 2025, quienes habrían sido secuestrados, torturados y ejecutados por la banda criminal de Miguel Rodríguez Díaz alias «Cuchillo».
Los decretos del fracaso: La lista que evidencia la ineptitud
¡Señores, aquí están los decretos que prueban el fracaso total! Pataz ha estado en estado de emergencia específico desde febrero de 2024 con las siguientes prórrogas documentadas:
- DS N° 018-2024-PCM – Declara el estado de emergencia en Pataz (febrero 2024)
- DS N° 041-2024-PCM – Primera prórroga específica para Pataz
- DS N° 058-2024-PCM – Segunda prórroga específica para Pataz
- DS N° 069-2024-PCM – Tercera prórroga específica para Pataz
- DS N° 091-2024-PCM – Cuarta prórroga específica para Pataz
- DS N° 122-2024-PCM – Quinta prórroga específica para Pataz
- DS N° 060-2025-PCM – Sexta prórroga específica para Pataz (mayo 2025)
- DS N° 101-2025-PCM – Séptima prórroga específica para Pataz (agosto 2025)
¡OCHO decretos específicos para una sola provincia y el resultado es una masacre! Como dijo el propio alcalde de Pataz: esta sería la séptima prórroga seguida, pero nosotros hemos documentado que ya van por lo menos OCHO.
La brutal realidad que el Estado no pudo evitar
El 25 de abril de 2025, 13 trabajadores de seguridad de la empresa R&R fueron secuestrados cuando se dirigían a proteger las instalaciones de la Compañía Minera La Poderosa. Sus cuerpos fueron encontrados nueve días después en un socavón, desnudos, maniatados y con signos de tortura y ejecución.
¿Y saben qué es lo más indignante? Las familias de las víctimas denunciaron que las autoridades ya sabían dónde estaban los cuerpos desde hace días, pero que no hicieron nada al respecto. Incluso afirmaron que fueron los propios compañeros de trabajo quienes encontraron los cuerpos y notificaron a las familias, no la Policía.
El propio ministro Gustavo Adrianzén había puesto en duda la veracidad del secuestro, declarando que «nos preocupa que esta información sea cierta» y que «no hay ninguna denuncia hasta el momento». ¡Una negligencia criminal!
Estado de emergencia: ¿Para qué sirve realmente?
Desde febrero de 2024, Pataz ha estado en estado de emergencia específico de manera ininterrumpida, siendo prorrogado ya múltiples veces consecutivas con decretos específicos para esta provincia. Esto, además del estado de emergencia general que también afectó a La Libertad por 14 meses consecutivos desde enero 2023.
¿Los resultados? Desde 2020, se han reportado al menos 39 asesinatos de trabajadores mineros y múltiples ataques a infraestructuras. Solo en 2024 y lo que va de 2025, se registraron múltiples sabotajes a torres de alta tensión que abastecen de energía a las instalaciones de Poderosa.
El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, ha sido categórico: «El estado de emergencia no funciona (…) tenemos una policía, el ejército que está ahorita en el distrito de Pataz. Asumo que estarán haciendo cualquier otra cosa menos buscar terminar con la criminalidad. No se ven resultados».
El negocio millonario que el Estado no puede controlar
¡La realidad que no quieren que sepan! La minería ilegal en Pataz generaría aproximadamente 4 mil millones de dólares al año, según estimaciones privadas. Para junio de 2024, se reportó la existencia de más de 30 plantas de tratamiento de oro no formalizadas en la zona.
Durante una sesión del CORESEC de La Libertad se informó que en la región se había detectado la actividad de hasta 15 mil mineros ilegales. ¿Y con 1,000 policías especializados y 500 efectivos militares no pueden controlar la situación?
La corrupción que nadie investiga
El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, fue acusado de proteger a mineros informales cuando era jefe policial en Arequipa. Incluso hay investigaciones que vinculan a dos policías en actividad como responsables de la empresa de seguridad R&R, cuyos trabajadores fueron asesinados.
Como dice el alcalde Mariños: «200 efectivos en un distrito tan pequeño. ¿No pueden capturar un solo integrante de una banda criminal? ¿No le parece sospechoso? Aquí hay dos cosas: podría haber actos de corrupción o en todo caso son totalmente incompetentes. No encuentro otra explicación».
¿Más de lo mismo?
Esta nueva prórroga mantiene las mismas medidas: Las Fuerzas Armadas mantendrían el control del orden interno con apoyo de la PNP, mientras que el toque de queda nocturno (de 22:00 a 5:00 horas) continuaría vigente en el distrito de Pataz.
Señores, esta boca no se calla ante semejante fracaso. Un año y medio de estado de emergencia, 10 prórrogas consecutivas, millones invertidos en seguridad, y el resultado es una masacre que pudo haberse evitado. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la ineptitud y posible corrupción de nuestras autoridades cobre más vidas inocentes?