Sindicato exige mejoras salariales postergadas por 13 años y denuncia condiciones precarias; protestas afectan visitas en 40 penales en pleno estado de emergencia del sistema penitenciario
El Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú (SINTRAP) habría iniciado hoy una huelga nacional indefinida, realizando protestas en los exteriores de 40 de los 69 establecimientos penitenciarios del país. La medida, que habría paralizado las visitas de familiares y abogados, se produce a pesar de haber sido declarada «improcedente» por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empresa (MTPE).
Los 4,000 trabajadores que acatarían la medida exigen la atención a un pliego de reclamos que, aseguran, ha sido ignorado por más de 13 años. Las demandas centrales incluyen:
- Un reajuste salarial de S/2,200 a S/3,000.
- La asignación de un bono por alto riesgo de S/1,100.
- La actualización de un bono de seguridad y vigilancia, congelado desde 2012.
- El pago de beneficios sociales (CTS, vacaciones truncas) adeudados.
Una Crisis de Fondo: Bloqueadores Inoperativos y Hacinamiento
El sindicato denuncia que la huelga sería consecuencia directa del «abandono estatal». Los trabajadores reportan la inoperancia de los bloqueadores de celulares —una herramienta clave para combatir la extorsión desde las cárceles— y la falta de equipos tecnológicos básicos como bodyscans y escáneres de paquetes.
Esta situación se enmarca en un sistema penitenciario con un hacinamiento crítico que supera las 93,000 personas, más del doble de su capacidad, lo que multiplica el riesgo para los agentes.
La Postura del Gobierno: «Servicio Esencial»
El MTPE declaró la huelga improcedente basándose en el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM, que declara el sistema penitenciario en estado de emergencia. El gobierno argumenta que, bajo esta medida de excepción (impulsada precisamente para frenar el crimen desde las cárceles), la labor del INPE sería un «servicio esencial» que no puede ser suspendido.
Tensión en los Penales
La paralización habría suspendido el ingreso de familiares, abogados y paquetes en penales clave como Sarita Colonia, Ancón I y II, y Santa Mónica.
Adicionalmente, el sindicato ha acusado al jefe del INPE, Iván Paredes, de atentar contra su derecho a la protesta al impedir el reingreso a sus puestos a los trabajadores que participaron en las manifestaciones, poniendo en riesgo la seguridad interna de los penales por falta de personal.
Este conflicto laboral se produce en un momento de máxima tensión institucional, ya que el propio jefe del INPE, Iván Paredes, enfrenta una investigación del Ministerio de Justicia por presuntas implicaciones en actos de corrupción, según revelaciones periodísticas recientes.