Sentencia incluye reparación civil de S/100,000 e inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos
El Poder Judicial ha emitido una sentencia de cinco años de prisión efectiva contra cuatro personas por el delito de colusión simple que habría perjudicado al Estado peruano durante la emergencia sanitaria por Covid-19. Los condenados son María Mansilla, exgerente de Abastecimiento, Natalia Colmenares, especialista en contrataciones de la Municipalidad Provincial del Callao, y los proveedores Edwin Ramón y Juana Ramón.
La investigación fiscal determinó que entre marzo de 2020, en pleno estado de emergencia nacional, las exfuncionarias municipales habrían coordinado con los proveedores para manipular los procesos de adquisición de insumos sanitarios esenciales, específicamente alcohol en gel, guantes de látex y mascarillas, materiales fundamentales para la protección contra el coronavirus.
Según la acusación fiscal, se habría producido la adulteración de cotizaciones y documentos en los expedientes de contratación. Esta práctica habría permitido simular la participación de múltiples postores, otorgando una apariencia de legalidad a procesos que en realidad habrían estado direccionados hacia empresas vinculadas a los sentenciados. Estas acciones habrían vulnerado principios fundamentales como la legalidad, transparencia y libre competencia en las contrataciones estatales.
La sentencia judicial, que es de cumplimiento inmediato, establece además el pago de S/100,000 en concepto de reparación civil a favor del Estado peruano. Los cuatro condenados también fueron inhabilitados por un período de quince años para ejercer cualquier función o cargo en la administración pública, medida que busca proteger la gestión de recursos del Estado.
Investigación paralela en el Gobierno Regional del Callao
En un caso independiente, el Ministerio Público mantiene abierta una investigación sobre presuntas irregularidades en el Gobierno Regional del Callao. La pesquisa se centra en el supuesto direccionamiento de contratos públicos que habría generado un perjuicio económico al Estado superior al millón de soles.
La investigación identifica a Ciro Castillo Rojo, gobernador regional del Callao, como presunto líder de una organización denominada ‘Los Socios del Callao’. El caso involucra a funcionarios regionales y proveedores que habrían participado en la manipulación de órdenes de servicio para favorecer adjudicaciones específicas.
La defensa legal de Castillo Rojo ha presentado cuestionamientos sobre la legalidad de los procedimientos fiscales. Humberto Abanto, abogado del gobernador, sostiene que las órdenes de allanamiento carecerían de fundamento jurídico sólido y que no se habrían cumplido los protocolos de notificación establecidos antes de ejecutar las medidas restrictivas. No obstante, el Poder Judicial ha confirmado la validez de la detención preliminar contra el funcionario regional mientras avanza el proceso de investigación.