Autoridades ejecutan 27 allanamientos y detienen a 8 funcionarios mientras buscan al gobernador regional investigado por direccionamiento de S/ 1.4 millones
Un operativo de gran envergadura ejecutado en las primeras horas del lunes 15 de diciembre ha puesto en el centro de atención al gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, quien no fue encontrado en su domicilio cuando la Fiscalía y la Policía Nacional llegaron con una orden de allanamiento. El caso, denominado «Los Socios del Callao», investiga un presunto esquema de direccionamiento de contratos públicos que habría beneficiado a proveedores específicos por más de un millón cuatrocientos mil soles.
La operación, coordinada entre la Fiscalía, la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECCO), alcanzó un total de 27 inmuebles vinculados a funcionarios y contratistas del Gobierno Regional del Callao. Durante las diligencias, ocho servidores públicos fueron detenidos preliminarmente, mientras que sobre Castillo Rojo pesa una orden de detención por 15 días.
Luis Lira, director de la Dircocor, confirmó a los medios que el gobernador regional no se encontraba en su vivienda ubicada en La Punta al momento del allanamiento. «Ya no se le ha visto al señor, no lo hemos visto desde que salió la resolución», declaró el funcionario policial, agregando que de las 11 órdenes de detención preliminar emitidas, solo cinco personas fueron ubicadas y tres estarían fuera del territorio nacional.
El esquema investigado habría operado con un patrón específico: funcionarios del Gore Callao habrían fraccionado contrataciones para mantenerlas en montos menores o iguales a 8 UIT, lo que permitía evitar los procesos de selección competitiva obligatorios por ley. Según el Ministerio Público, esta estrategia habría facilitado que dos proveedores específicos acumularan 63 adjudicaciones durante el periodo de enero de 2023 a febrero de 2024, precisamente durante la gestión de Castillo Rojo.
La investigación revela un modus operandi particular: las empresas favorecidas habrían modificado sus actividades comerciales registradas ante la Sunat para poder participar en licitaciones de diferentes rubros. De esta manera, un mismo proveedor podía ganar contratos para servicios completamente distintos, adaptando su razón social según la necesidad del momento.
Los números detrás del caso resultan contundentes. Un primer proveedor habría recibido 34 órdenes de compra y tres órdenes de servicio que suman S/ 874,575. El segundo proveedor acumularía 16 órdenes de compra y tres de servicio por un total de S/ 518,525. Las irregularidades también habrían alcanzado al Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed), donde se direccionaron presuntamente cuatro órdenes de compra por S/ 44,196.10 y tres adicionales por S/ 23,825.
Durante los allanamientos en las oficinas de logística y almacén del Gore Callao, los investigadores incautaron elementos que consideran cruciales para el caso. La Fiscalía ordenó además el levantamiento del secreto de las comunicaciones, lo que permitirá revisar el contenido de dispositivos electrónicos como laptops, USB y teléfonos celulares, así como conversaciones en plataformas digitales incluyendo WhatsApp, Telegram, Viber, Messenger, Instagram, Facebook y correos electrónicos.
Entre los detenidos preliminarmente figuran Luis Blanco Cabrera, señalado como proveedor del Gobierno Regional; César Arango Huaringa, quien se desempeñaba como encargado de almacén; Daniel Villalobos Sampén, especialista del Gore Callao; Wilmer Meza Natividad, coordinador de contrataciones; y Roberto Rosales Carazas.
El Poder Judicial también dispuso la detención preliminar de Jimmy Whu Cárdenas, asesor FAG, y Hiromi Zúñiga Jáuregui, jefa de la Oficina de Logística del Gore Callao. Según la tesis fiscal, ambos habrían coordinado directamente con personal de la institución para favorecer a los proveedores mediante la emisión de órdenes de compra y servicio. La medida judicial se extiende además a Marco Rojas Gálvez, Rafael Moscaisa Gutiérrez y Carmen Blanco Rivera.
La defensa legal del gobernador regional respondió públicamente al operativo. Humberto Abanto, abogado de Castillo Rojo, cuestionó el procedimiento señalando que no fueron notificados sobre la existencia de la carpeta fiscal ni se les solicitó presentar descargos previos. El letrado anunció que interpondrán un recurso de apelación buscando la nulidad del allanamiento, argumentando que la diligencia en el domicilio de su defendido resultó «infructuosa» al no hallarse evidencias relevantes para la investigación.
Cuando los periodistas consultaron a Abanto sobre el paradero actual de Ciro Castillo, el abogado se negó categóricamente a proporcionar información: «No voy a responder ese tipo de preguntas», expresó de manera tajante.
El caso «Los Socios del Callao» se inscribe en una serie de investigaciones que durante los últimos años han expuesto esquemas de presunta corrupción en gobiernos regionales a lo largo del país. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar el alcance completo de la red investigada y establecer el nivel de responsabilidad de cada uno de los implicados en el presunto direccionamiento sistemático de fondos públicos.