Julio Díaz Llatas habría dirigido red de c0rrupc1ón junto a funcionarios de confianza que manipularon contrataciones por tres años
La justicia peruana acaba de sentar un precedente que muchos alcaldes deberían tomar nota, señores y señoras. El exalcalde de la Municipalidad Distrital de San Luis de Lucma en Cajamarca, Julio Díaz Llatas, fue sentenciado a 14 años de prisión efectiva por colusión agravada. Y aquí viene lo grave: habría desviado contrataciones públicas junto a toda una red de funcionarios entre 2015 y 2018.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque logró probar que este señor, junto a dos de sus funcionarios de confianza, habrían montado todo un esquema para beneficiar a proveedores amigos en la provincia de Cutervo. El perjuicio al erario público: S/ 363,189.60 que debieron destinarse al desarrollo de esta comunidad rural.
El modus operandi de la red de c0rrupc1ón
Durante el juicio oral, el fiscal provincial José Óscar Guevara Gilarmas presentó las pruebas contundentes que demostraron la concertación ilegal entre las autoridades municipales y empresarios privados. ¿Cómo operaban? Simple pero efectivo: manipulaban expedientes técnicos y perfiles de proyectos de infraestructura.
Los acusados habrían dirigido las contrataciones públicas para garantizar que ciertos proveedores se llevaran las obras a cambio de ventajas personales. Mientras tanto, la población de San Luis de Lucma seguía esperando caminos, escuelas y servicios básicos que nunca llegaron porque el dinero se esfumó en bolsillos ajenos.
Este tipo de esquemas, señores y señoras, es lo que mantiene al Perú en el subdesarrollo. Cada sol malversado es una obra inconclusa, es un niño sin escuela digna, es un enfermo que no puede llegar al hospital por falta de carreteras.
La lista de los sentenciados
La justicia no solo cayó sobre el exalcalde. El extesorero Gilberto Vallejos Tapia y el exjefe de Abastecimiento Arquímedes Chinchay Pacheco también recibieron 14 años de cárcel efectiva. Los tres fueron inhabilitados por 10 años para ejercer cualquier cargo público.
Pero la red era más grande:
Auber Díaz, identificado como cómplice principal, fue inhabilitado por 10 años para ejercer función pública.
Francisco Ñontol, otro cómplice del esquema, recibió inhabilitación de seis años y medio más una multa de 812 días-multa.
Simón Julón fue condenado a tres años y cuatro meses por colusión simple, pena que se convirtió en 147 jornadas de trabajo comunitario.
Un mensaje directo contra la impunidad
Esta sentencia representa más que números y años de cárcel, señoras y señores. Es un mensaje contundente: los recursos del pueblo no son botín de mafias locales. La Fiscalía resaltó que este tipo de condenas fortalecen la confianza ciudadana en el sistema de justicia, especialmente en regiones donde la c0rrupc1ón municipal parece ser el pan de cada día.
En distritos como San Luis de Lucma, cada sol desviado tiene nombre y apellido: se llama injusticia. Son obras que nunca se terminaron, proyectos que quedaron en el papel, comunidades enteras condenadas a seguir esperando mientras sus autoridades se enriquecían ilegalmente.
¿Y ahora qué sigue?
El desafío más grande viene ahora: recuperar esos fondos malversados y garantizar que los proyectos pendientes se ejecuten con transparencia. Porque de nada sirve meter presos a los c0rrupt0s si el pueblo sigue sin ver las obras que tanto necesita.
Esta condena debe servir de ejemplo para todas esas autoridades que creen que pueden hacer y deshacer con el dinero público sin consecuencias. La justicia puede ser lenta, pero cuando llega, llega con todo el peso de la ley.
Y a los alcaldes y funcionarios que están leyendo esto: tomen nota. El pueblo está cansado, las fiscalías están trabajando, y la cárcel los está esperando si piensan seguir robando.