Denuncia que jueces de la Corte Superior de Justicia estarían favoreciendo a usurpadores mediante acción de amparo
Irma Gómez, viuda de Gamio, llevaría más de dos décadas enfrentando un tortuoso proceso judicial por recuperar aproximadamente 7 hectáreas del fundo La Pampa, ubicado en Aplao, provincia de Castilla, región Arequipa. Según la denuncia recibida por China Polo Dominical, los terrenos le habrían sido arrebatados mediante una escritura pública de compra-venta realizada irregularmente.
El conflicto se habría originado en 1986, cuando Félix Nolasco Gamio, esposo de la señora Gómez, vendió la propiedad pese a mantener una sociedad conyugal con ella. La denunciante afirma que nunca firmó ni apareció en el documento de compra-venta, por lo que la transacción no debió llevarse a cabo ni elevarse a escritura pública.
El supuesto comprador habría sido Edmundo Pimentel, quien posteriormente vendió el terreno a Máximo Hernán Ramírez Márquez y su esposa Ida Luz Atrista. Ante esta situación, la señora Gómez interpuso un recurso de nulidad de acto jurídico contra la escritura pública, iniciando así un largo proceso judicial que continúa hasta la fecha.
La denuncia apunta que magistrados de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa estarían favoreciendo a la parte contraria mediante una acción de amparo que anularía sentencias previas favorables a la viuda. Los magistrados mencionados serían Nimer Roberto Marroquín Mogrovejo (presidente de la sala), César Arturo Burga Cervantes (vocal) y Rita Patricia Valencia Dongo (vocal).
«Tengo que estar tomando medicamentos por la presión alta y problemas del corazón. Estos magistrados son personas corruptas que no tienen sentimientos», manifestó la señora Gómez durante la entrevista con nuestro equipo periodístico que viajó hasta Arequipa para investigar el caso.
En una grabación obtenida por China Polo Dominical, el abogado Walter Márquez Camacho, quien según la denuncia sería familiar de los actuales posesionarios del terreno, se jactaría de tener influencias con los magistrados de la sala, especialmente con Marroquín Mogrovejo, a quien llamó «mi gran amigo».
La denunciante señala que, mientras se resuelve un proceso en Camaná, los magistrados de Arequipa habrían emitido una acción de amparo que perjudicaría su derecho sobre las tierras que le pertenecen y por las cuales lucha desde hace más de 30 años.
«Lo único que pido es justicia, que se pongan la mano al pecho y piensen cuántos años estoy en juicio, cuánto tengo que sacrificarme para pagar al abogado y todos los papeleos», expresó la afectada, quien exige la devolución de su propiedad.
China Polo Dominical continuará el seguimiento de este caso que evidencia posibles irregularidades en el sistema judicial de Arequipa y muestra cómo la justicia que tarda, no es justicia.
