Megaoperativo policial expone la red que habría suministrado armas para la masacre de 14 mineros en 2022
En un operativo que duró más de 15 horas, la Policía Nacional logró desarticular a la organización criminal «Los Intis», una red que habría operado como el principal proveedor de armas para las asociaciones mineras ilegales que protagonizaron los violentos enfrentamientos en Caravelí que dejaron 14 muertos en 2022. El megaoperativo, ejecutado simultáneamente en Arequipa y Lima, expuso el nivel de sofisticación y peligrosidad de esta organización que habría convertido las disputas territoriales en verdaderas batallas campales.
La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa, dirigida por la fiscal María Alejandra Cabana Ocsa, coordinó los allanamientos a nueve inmuebles en Chala, Atico, Caravelí, Lima (Comas) y Sayán. El resultado fue escalofriante: la incautación de un verdadero arsenal que incluía carabinas de largo alcance con miras telescópicas, pistolas semiautomáticas de última generación y más de 200 municiones de diversos calibres.
El Arsenal del Terror
Entre las armas incautadas destacan una carabina Remington calibre .223 con mira telescópica y linterna táctica montada, una pistola semiautomática CZ Scorpion calibre 9x19mm, y una pistola HS-9 fabricada en Croacia. Estos no eran armamentos de defensa personal, sino equipos de guerra diseñados para conflictos de alta intensidad. Las autoridades también decomisaron 11 cajas con diferentes tipos de munición, incluyendo 90 proyectiles de largo alcance que habrían sido utilizados en los enfrentamientos que ensangrentaron Caravelí.
La organización habría operado con una estructura empresarial criminal, manejando grandes sumas de dinero producto de sus actividades ilícitas. En los allanamientos se incautaron $118,729 dólares americanos y S/104,560 soles, además de dos camionetas Toyota (una Land Cruiser Prado y una Hilux) que habrían sido utilizadas para el transporte de armas y personal.
La Red de Corrupción
El caso se vuelve más grave al revelarse que la organización habría contado con la participación de Adrián López Portocarrero, alias «El Papu», un exfuncionario de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos (Sucamec). Este individuo habría facilitado las licencias para el porte de armamento, evidenciando cómo la corrupción habría permeado instituciones clave del Estado encargadas precisamente de controlar la proliferación de armas.
Los detenidos Darwin Oswaldo Samaniego Orihuela (54), Jesús Baca Quispe (45) y Cid Irving Domínguez Martínez (34) habrían sido dirigentes de la asociación minera Atico Calpa durante los sangrientos episodios de 2022. Sus antecedentes delictivos revelan un patrón de violencia: Domínguez Martínez acumula denuncias por lesiones desde 2016, mientras que Baca Quispe enfrenta procesos por usurpación agravada.
El Contexto de Violencia en Caravelí
Los enfrentamientos de 2022 entre las asociaciones mineras Atico Calpa y Calpa Renace no fueron simples disputas territoriales, sino conflictos armados que transformaron las zonas mineras en campos de batalla. La organización «Los Intis» habría sido el facilitador que convirtió estas disputas en masacres, suministrando el armamento necesario para que grupos rivales se eliminaran mutuamente en la lucha por el control de las concesiones auríferas.
Las Operaciones Pendientes
Dos integrantes clave de la organización, Wilber Víctor Tito Pérez (40), alias «Tito», y Víctor Edgardo Valdiviezo Zea (43), alias «Osama», permanecen prófugos. Los equipos de inteligencia operativa de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado mantienen operaciones en Huacho y Huánuco para su captura, lo que indica que la red habría extendido sus tentáculos más allá de Arequipa.
Arequipa: La Nueva Capital del Crimen Organizado
Este caso expone una realidad alarmante: Arequipa se está convirtiendo en un epicentro del crimen organizado a nivel nacional. Las estadísticas son devastadoras: la región registra un incremento del 36.44% en criminalidad durante el primer semestre de 2024, posicionándose como la tercera región con mayor incidencia delictiva del país, solo detrás de Lima y Lambayeque.
El crimen organizado en Arequipa ha generado pérdidas económicas superiores a S/150 millones desde 2019, afectando principalmente al sector construcción a través de extorsiones perpetradas por organizaciones que se hacen pasar por sindicatos. El caso más emblemático fue el del Centro Penitenciario de Socabaya, donde el Consorcio Penitenciario Misti sufrió pérdidas de más de S/18 millones en solo siete meses.
John Mesías Romero, Decano del Colegio de Abogados de Arequipa, ha advertido que si no se toman medidas efectivas, para 2025 Arequipa podría superar a Lima en índices de criminalidad. Esta proyección cobra mayor relevancia considerando que a nivel nacional, el Perú registró 1,829 homicidios hasta noviembre de 2024, superando ampliamente los 1,431 del año anterior.
La región concentra el 83% de la criminalidad de toda la macrorregión sur, focalizándose principalmente en los distritos de Arequipa (15%), Cerro Colorado (10%), Paucarpata (9%), José Luis Bustamante y Rivero (7%) y Socabaya (6%). Los delitos más frecuentes incluyen robos y hurtos agravados (72.1%), extorsiones (13.2%) y homicidios (4.1%).
El Desafío de las Autoridades
El operativo contra «Los Intis» representa un golpe significativo contra el crimen organizado, pero también expone la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades. La sofisticación de esta organización, con acceso a armamento de guerra, conexiones con funcionarios corruptos y capacidad para operar en múltiples regiones, demuestra que el crimen organizado en Arequipa ha evolucionado hacia estructuras casi paramilitares.
La fiscal Rosmery Mendoza Palomino, quien lidera la lucha contra el crimen organizado en Arequipa, ya había obtenido importantes victorias, incluyendo una sentencia de 25 años para Alejandro Michael Gamarra por trata de personas y 36 meses de prisión preventiva contra los cabecillas de «Los Gallegos». Sin embargo, el caso de «Los Intis» demuestra que por cada organización desarticulada, emergen nuevas estructuras criminales aún más peligrosas.
La ciudadanía arequipeña ha comenzado a manifestarse activamente contra la violencia, organizando marchas durante tres días consecutivos para protestar contra la extorsión y el sicariato. «Estamos marchando en defensa de la vida contra la muerte, el sicariato y el terror que impone al pueblo la delincuencia», expresó uno de los manifestantes, reflejando el clima de inseguridad que se vive en la región.
El desmantelamiento de «Los Intis» marca un hito en la lucha contra el crimen organizado, pero también sirve como una advertencia sobre el nivel de violencia y sofisticación que han alcanzado estas organizaciones en su disputa por el control territorial y económico de una de las regiones más importantes del país.
