Elio Corpus Vargas es inhabilitado por 10 años tras comprobarse manipulación de documentos para beneficiar a contratista en obra vial de Atipayán
El Poder Judicial sentenció a Elio Américo Corpus Vargas, extrabajador de la Municipalidad Provincial de Huaraz, a cinco años de prisión suspendida tras comprobarse que manipuló cotizaciones para beneficiar a la empresa Inversiones y Servicios Ibiza E.I.R.L. en un proyecto vial del centro poblado Atipayán. Señores y señoras, una vez más vemos cómo la corrupción se infiltra en nuestras instituciones locales, afectando directamente las obras que deberían servir a nuestros pueblos.
La investigación judicial determinó que el exfuncionario falsificó firmas y montos para simular competencia entre proveedores, asegurando que la compañía adjudicada se quedara con el contrato de manera fraudulenta. Esta maniobra no solo atenta contra la transparencia, sino que demuestra el nivel de complicidad que existe dentro de los aparatos municipales para favorecer a empresarios sin escrúpulos.
El Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Huaraz halló a Corpus Vargas culpable de negociación incompatible y uso de documentos públicos falsos, delitos que, según la sentencia, atentaron gravemente contra la transparencia de los procesos administrativos municipales. Pero la justicia no se queda ahí: además de los cinco años de prisión suspendida, se le impuso una inhabilitación para ejercer función pública por 10 años y 8 meses, medida que impedirá que este personaje vuelva a ocupar cargos en la administración local.
Como reparación civil por sus actos corruptos, el Poder Judicial le ordenó el pago de 12 mil soles: 10 mil soles a favor de la Municipalidad de Huaraz y 2 mil soles destinados a los ciudadanos directamente afectados por esta irregularidad. Aunque esta suma busca resarcir parcialmente el perjuicio generado, sabemos que el daño real a la confianza ciudadana es incalculable.
El caso Corpus Vargas evidencia de manera clara cómo la manipulación de documentos y la simulación de competencia entre proveedores distorsiona la ejecución de proyectos públicos y afecta directamente a la población más necesitada. Fuentes judiciales señalaron que este tipo de conductas comprometen seriamente la confianza de los vecinos en la gestión municipal y la fiscalización de obras locales, subrayando la urgente necesidad de implementar controles más estrictos en cada etapa de los procesos contractuales.
Señores y señoras, este caso nos demuestra que cuando hay voluntad política y un Poder Judicial que funciona, los corruptos caen. Pero no podemos quedarnos conformes: necesitamos que estos casos se repliquen en todas las municipalidades del país, porque la corrupción sigue siendo el cáncer que carcome nuestros recursos públicos.