Valentín Fernández Bazán denuncia que el fiscal Lauriano Áñanca lo habría procesado por venganza, usando los mismos hechos que fueron archivados en 2013
Valentín Fernández Bazán, médico de profesión y exalcalde de Nuevo Chimbote en tres periodos, lleva casi cinco años viviendo en la clandestinidad para evitar cumplir una orden de prisión preventiva de 12 meses por el delito de asociación ilícita. El exburgomaestre denuncia que estaría siendo víctima de una persecución judicial orquestada por el fiscal Lauriano Áñanca, quien lo habría procesado por venganza personal.
«Estoy desde 2019 en recaudo. Mire, yo tengo que educar y alimentar a mis hijos. No puedo trabajar. Déjenme trabajar. Yo lo he demostrado: cuando me archivaron, estuve en Nuevo Chimbote, no me fui a otro lugar», manifestó Fernández Bazán a China Polo Dominical, mostrando su desesperación por resolver su situación legal.
Un caso que habría sido archivado y resucitado
La historia judicial de Valentín Fernández comenzó en 2008, cuando fue denunciado por enriquecimiento ilícito durante sus dos primeros periodos como alcalde. Ese proceso habría sido archivado en 2013 en todas sus instancias, tanto en Chimbote como en Lima, incluso en la Corte Suprema mediante casación.
Sin embargo, según denuncia el exalcalde, el fiscal Lauriano Áñanca no habría respetado la cosa juzgada y, mediante un «copia y pega», lo habría vuelto a denunciar por los mismos hechos, pero esta vez bajo la figura de asociación ilícita, involucrando también a dos empresarios, sus padres y dos hermanas, quienes fueron denunciados además por lavado de activos.
«Como ya no pudo por enriquecimiento ilícito que fue archivado, me denuncia por asociación ilícita, donde él manda una hipótesis que supuestamente yo me habría coludido con algunos empresarios y familiares», explicó Fernández.
El delito fuente habría sido archivado
Para sostener la acusación de asociación ilícita, el fiscal Áñanca habría denunciado paralelamente por colusión en 2015, argumentando que Fernández se habría enriquecido ilícitamente al tener más de medio millón de soles en su balance patrimonial.
Lo paradójico del caso es que ese proceso por colusión —el supuesto delito fuente de la asociación ilícita— habría sido archivado definitivamente en 2024, es decir, nueve años después de iniciado. Sin embargo, la denuncia por asociación ilícita continuaría vigente.
«El tema del delito de colusión se archivó definitivamente, el proceso por colusión iniciado en 2015 se archivó en 2024. Pero siguió la denuncia por asociación ilícita, que incluso estaría prescrita y con varias irregularidades», señaló el exalcalde.
Tres jueces rechazaron ampliar la investigación
Según el relato de Fernández, tres jueces de investigación preparatoria habrían rechazado sucesivamente los intentos del fiscal Áñanca de ampliar el plazo de investigación y cambiar la tipificación del delito a «organización criminal».
El primer juez, Eduardo Escalante, habría llamado la atención al fiscal para que se ciñera a la ley. El segundo, Bernardino Pillaca, también habría declarado que no era proporcional ampliar la investigación ni correspondía la figura de organización criminal. La Sala de Apelaciones habría ratificado estas decisiones, estableciendo que la investigación debía limitarse al periodo 2003-2010 y que todo acto posterior sería nulo.
Sin embargo, un tercer juez, Alex Alegre Aranguri —juez de familia sin especialidad en derecho penal— habría asumido el caso por cambio de locación de los jueces anteriores y habría permitido que todo pasara a juicio oral, sin cumplir aparentemente el control acusatorio correspondiente.
«Con todo respeto se lo digo, pero no soy el único. Muchos casos se están ventilando, se está diciendo que el señor, al no conocer probablemente, se convierte en una mesa de partes y pasa todos los trámites. Este juicio ni siquiera debió pasar a juicio porque obviamente se han violado la temporalidad», criticó Fernández.
Una prisión preventiva que duró un año y fue reactivada
Valentín Fernández estuvo con prisión preventiva desde mayo de 2019, pero en mayo de 2020 el proceso habría sido sobreseído porque no se habría encontrado asociación ilícita. Durante todo 2021, el exalcalde habría estado libre en su ciudad, trabajando como médico y desarrollando su carrera política.
No obstante, de manera sorpresiva, la Sala de Apelaciones habría anulado parcialmente el sobreseimiento —no por el fondo, sino por la forma— argumentando que el juez se habría extralimitado en la investigación. Curiosamente, esta resolución se habría dado durante la campaña electoral anterior.
«La Sala de Apelaciones anula en parte porque dijo que los jueces anteriores o el juez anterior se había extralimitado en la investigación, pero manifestó en la resolución que lo declaraba nulo el archivamiento no por el fondo, o sea, no por los principios de que no había asociación, sino por la forma», explicó Fernández.
Prescripción ignorada y un juicio que continuaría sin sustento
El exalcalde sostiene que su imputación por asociación ilícita habría prescrito en 2020, hace ya cinco años. A pesar de haber presentado el pedido de prescripción ante el colegiado de juzgamiento, la respuesta habría sido que este tema se resolvería al final del juicio, junto con la sentencia.
«¿Cómo usted, como jefe de debate, va a decir que al final ven la prescripción? Porque es un juicio que ya está prescrito desde 2010. Si está prescrito, ¿por qué al final? No todo el juicio van a estar con algo que ya está prescrito. Eso es lo que no entienden», cuestionó visiblemente frustrado.
Fernández argumenta que no existirían elementos de convicción en su contra: no habría escuchas telefónicas, correos electrónicos, colaboradores eficaces ni pruebas o indicios que sustenten la asociación ilícita. Además, como el delito fuente de colusión habría sido archivado, toda la hipótesis fiscal se habría caído.
¿Venganza personal del fiscal Áñanca?
El exalcalde asegura que toda esta persecución judicial sería una venganza personal del fiscal Lauriano Áñanca, quien pensaría que Fernández tuvo que ver en la denuncia por enriquecimiento ilícito que enfrentó el propio fiscal cuando era policía.
«Él piensa que yo lo denuncié por enriquecimiento ilícito. Él me estaba denunciando a mí y, coincidentemente, en esos tiempos él compró una casa a nombre de su secretaria. Sí, pero fue el señor, a la madre de la secretaria, de la ama de la secretaria. Pero fue el señor José Serbatt que lo denunció. Es cierto que lo denunció el empresario José Serbatt, como vemos en estas imágenes que incluso lo hizo público», afirmó Fernández.
El exalcalde sostiene que el fiscal Áñanca habría adquirido un departamento a través de su secretaria y luego habría hecho que esta se lo vendiera a él, lo que constituiría lavado de activos y corrupción. Sin embargo, esta denuncia no habría prosperado.
«No me queda la menor duda cuando todo el mundo sabe que esta investigación es un arroz con mango», sentenció.
Una familia destruida y cinco hijos sin padre
La situación personal de Valentín Fernández es dramática. Lleva cinco años sin poder ver a sus cinco hijos ni a su familia. Vive en la clandestinidad, acompañado solamente de sus gatos, sin poder ejercer su profesión de médico ni generar ingresos para mantener a su familia.
«Estoy viviendo sí de la injusticia que hay, porque no puede ser posible que me tengan sin mis hijos», expresó con evidente dolor.
El exalcalde no solicita siquiera un resultado positivo a su favor, sino simplemente que resuelvan el caso para poder apelar a instancias superiores si fuera necesario.
«¿Por qué me van a tener sin mis hijos y mi familia tanto tiempo si lo pueden resolver ahora? Si quieren, resuélvanlo mal, pero resuélvanlo para yo apelar a instancias superiores. Pero esto está archivado, y si quieren ampliar hasta 2015, también está archivado. Si le quieren hacer caso al fiscal, también pasó el plazo porque el archivamiento era en junio de 2025. Por todos lados está archivado», manifestó.
El 10 de octubre se define su destino
El próximo 10 de octubre, el colegiado de juzgamiento conformado por Lais Sancho Esquivel, Patricia Peralta Gambini y Jonathan Murena Chávez tendrá la oportunidad de resolver el pedido de prescripción presentado por Fernández.
«Este 10 de octubre se va a evaluar el pedido de prescripción porque ya los plazos estarían vencidos de todas las formas», confirmó el exalcalde.
La pregunta que muchos se hacen es: ¿prescribirá finalmente el caso? ¿Lo absolverán? ¿O seguirá indefinidamente en la clandestinidad, sin ver a su familia, en un limbo judicial que parecería no tener fin?
Un caso emblemático de la justicia ancashina
Como bien señala el propio reportaje de China Polo Dominical, algo es cierto: no basta tener sospechas y acusaciones, sino llevar todo de acuerdo a la ley y bajo las leyes peruanas, cumpliendo toda la normativa del derecho y sin vulnerar el derecho del investigado.
Este es un caso emblemático por la cantidad de años que el exalcalde Valentín Fernández vive en la clandestinidad porque no encontraría un proceso justo, y en el que ya habría presentado un escrito solicitando la prescripción porque todos los plazos estarían vencidos.
La justicia ancashina tiene una oportunidad histórica de demostrar que es justa, imparcial y que no se presta para venganzas personales ni persecuciones políticas. El 10 de octubre no solo se define el destino de Valentín Fernández, sino también la credibilidad del sistema judicial en Áncash.