En una contundente resolución, el magistrado determino que el pedido de prisión preventiva de la Fiscal Anita Jimena Villarreal Camones, no presentó pruebas suficientes para justificar la medida.
¡Demoledor! El Poder Judicial ha asestado un duro golpe a la fiscal Anita Jimena Villarreal Camones, al declarar infundado el requerimiento de 18 meses de prisión preventiva que esta había solicitado contra la comunicadora Susy Ysabel Aponte Polo. El juez Miguel Ángel Dueñas Arce, en una resolución que sienta un precedente, habría desarmado los argumentos de la Fiscalía, permitiendo que la popular ‘China Polo’ afronte en libertad la investigación por la presunta red criminal «Los Elegantes de Áncash».
La decisión no solo otorga la libertad a Aponte Polo bajo comparecencia con restricciones y una caución de S/ 30,000, sino que pone en tela de juicio la solidez de la acusación fiscal, una situación que este portal ya habría advertido anteriormente.
Una Acusación que se Desmorona en su Punto Clave
El corazón de la resolución judicial y el punto que deja en evidencia la presunta debilidad del caso de la fiscal Villarreal Camones se encuentra en el análisis del delito de Cohecho Pasivo Propio en grado de instigadora. El juez fue categórico al señalar la insuficiencia de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía en este extremo.
Textualmente, el magistrado habría concluido lo siguiente en el documento oficial:
«(…) sin embargo, ninguno de estos elementos de convicción acreditan o por lo menos pueden ser considerados como un indicio grave para determinar que esta investigada habría influenciado o determinado que los funcionarios de turno de la Dirección de Transportes y Comunicaciones de Ancash soliciten el medio corruptor (donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio) dado que estos funcionarios ya asumían el cargo dentro de la DRTC de Ancash con esta consigna, lo que evidentemente podría tipificar estos hechos en otro tipo penal no atribuido para el presente requerimiento de prisión preventiva, por lo que si bien este primer requisito de la prisión preventiva se cumple para acreditar la presunta comisión del delito de banda criminal y la participación de la investigada en dicho ilícito, no acredita de forma alguna la participación de la investigada en el delito de Cohecho Pasivo Propio como instigadora, tanto más que la investigada Aponte Ponte no tiene la calidad de funcionaria ni servidora público.»
En otras palabras, señores: el juez habría concluido que la fiscal Villarreal Camones pretendía culpar a ‘China Polo’ de ‘instigar’ a funcionarios que, según el propio análisis judicial, ¡ya tenían la intención de delinquir! Esta conclusión no solo anula el delito más grave que se le imputaba para la prisión preventiva, sino que abre la puerta a cuestionar si la investigación estuvo correctamente enfocada desde el principio.
Los Antecedentes de una Actuación Cuestionada
No es la primera vez que el accionar de la fiscal Villarreal Camones estaría en el ojo de la tormenta. Este portal de noticias ya habría advertido en anteriores informes sobre un presunto direccionamiento en sus investigaciones, con aparentes fines que irían más allá de la búsqueda de la verdad. La presente resolución judicial parece avalar las preocupaciones sobre la objetividad de un caso que, desde el inicio, se habría presentado con más espectacularidad mediática que solidez probatoria en sus puntos clave.
La Tesis Fiscal Original
La abultada acusación, liderada por la fiscal Villarreal Camones, sostenía que ‘China Polo’ era la «LÍDER» de «Los Elegantes de Áncash», y que presuntamente se beneficiaba con el 70% de los cobros ilícitos por la tramitación de licencias de conducir en la DRTC de Áncash. Sin embargo, esta narrativa no habría sido suficiente para convencer al magistrado de la necesidad de encarcelarla preventivamente.
Libertad con Reglas Claras
Susy Aponte Polo seguirá el proceso en libertad, pero deberá cumplir con estrictas reglas de conducta, entre ellas, la prohibición de ausentarse de su localidad, no comunicarse con otros investigados y registrar su control biométrico mensualmente.
Esta decisión no es solo una victoria legal para Aponte Polo, sino un severo llamado de atención sobre cómo se estarían llevando a cabo las investigaciones en la fiscalía anticorrupción.