El sistema judicial de Áncash queda en entredicho después de que el abogado de la periodista se viera forzado a renunciar en plena audiencia, denunciando la imposibilidad de ejercer una defensa eficaz.
En una sesión que quedará marcada por sus vicios procesales, el juez Miguel Ángel Dueñas Arce impidió que la defensa tuviera un plazo razonable para estudiar el caso, forzando la renuncia en vivo del abogado y dejando a la directora de «China Polo Dominical» en un alarmante estado de indefensión.
La lucha contra la corrupción en Áncash vivió uno de sus capítulos más oscuros, no en las calles, sino en una sala de audiencias virtual. El Poder Judicial, que debería ser garante de los derechos fundamentales, se convirtió en el escenario de un presunto atropello contra el debido proceso en la audiencia de prisión preventiva contra la periodista Ysabel Aponte Polo, conocida por su rol de fiscalización en «China Polo Dominical».
Crónica de un Proceso Viciado
La audiencia del caso N.° 588-2022 inició con una solicitud justa y razonable: el abogado de la periodista, Luis Gerardo Salazar, pidió al juez Miguel Ángel Dueñas Arce un aplazamiento para poder estudiar un voluminoso expediente de más de 200 folios y cerca de 5,000 elementos de convicción, del cual había tomado conocimiento apenas 24 horas antes.
La Negativa del Juez y la Renuncia en Vivo
Ante la solicitud, la respuesta del magistrado fue tajante: una negativa rotunda, ofreciendo a cambio una irrisoria suspensión de 30 minutos. Esta decisión ignoró por completo la complejidad del caso y la imposibilidad material de preparar una defensa técnica adecuada en esas condiciones.
El momento de mayor tensión llegó cuando el abogado Salazar, en un acto de coherencia profesional, se vio obligado a renunciar en vivo a la defensa.
«No me permitiría a mí realizar una defensa eficiente y eficaz respecto de mi patrocinada. No podría exponer la libertad de esta persona sabiendo que no he tenido el tiempo para prepararme», manifestó el letrado, dejando una constancia histórica del vicio procesal que se estaba cometiendo.
Indefensión Forzada
Lejos de reconsiderar, el juzgado agravó la situación al imponer un defensor público que, con honestidad, admitió no conocer el caso a profundidad. Con esta acción, el sistema de justicia no solo negó una defensa de libre elección, sino que impuso una que no contaba con las herramientas para litigar, consolidando un estado de indefensión material para la periodista.
«Quieren Silenciarme a Toda Costa»
En su intervención final, Ysabel Aponte Polo se dirigió al juez con la frontalidad que la caracteriza: «Me están coaccionando. Quieren llevar a cabo esta audiencia como sea, sin permitirme tener una defensa real que conozca el expediente. Esto es una clara vulneración de mis derechos. Lo que buscan es silenciar las investigaciones que venimos realizando. Pero esta boca no la calla nadie», sentenció.
Este hecho sienta un precedente nefasto para la justicia en Áncash y para la libertad de prensa en el país. La defensa legal de la periodista ha anunciado que apelará cualquier decisión que emane de esta audiencia, que consideran nula por la flagrante violación de las garantías constitucionales.