Mientras familias sufren pérdidas irreparables, crecen interrogantes sobre la preparación ante desastres naturales en la región
El desborde del río Casca en Huaraz, ocurrido la madrugada del lunes 28 de abril tras un derrumbe sobre la laguna del Vallunaraju, habría cobrado la vida de dos menores de edad —de seis meses y ocho años— y dejado a cinco personas desaparecidas en el distrito de Independencia, según confirmación de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash.
Ante la magnitud del desastre, la congresista Lady Camones habría solicitado formalmente al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, la intervención urgente del Ejecutivo mediante un oficio remitido este lunes. «Áncash no puede esperar. Las familias damnificadas necesitan la respuesta inmediata de su Gobierno», habría enfatizado la legisladora, solicitando acciones concretas como asistencia humanitaria, remoción de escombros, evaluación de daños y una posible declaratoria de Estado de Emergencia.
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash habría reportado que aproximadamente cien personas resultaron afectadas y damnificadas en sectores como Paria Wilcahuain, Jinua, Cachipampa, Lirio, Ucru y el barrio Palmira. La infraestructura también habría sufrido graves daños: diez viviendas gravemente afectadas, 50 con daños menores, tres puentes destruidos y múltiples vías vecinales colapsadas.
Actualmente, varias zonas de Huaraz permanecerían sin servicios básicos como agua potable y energía eléctrica, lo que complicaría aún más la situación de las familias afectadas y las labores de rescate y rehabilitación.
Este evento natural volvería a poner sobre la mesa interrogantes sobre la efectividad de los sistemas de monitoreo y alerta temprana en una región reconocida por su vulnerabilidad ante fenómenos glaciares, así como sobre la capacidad de respuesta inmediata de las autoridades locales y nacionales frente a desastres de esta magnitud.
