420 familias pierden más de 400 mil soles tras demolición arbitraria del mercado mayorista SUMA
Una investigación de China Polo Dominical reveló que el alcalde de Nuevo Chimbote, Walter Soto, habría ordenado la demolición del mercado mayorista SUMA sin contar con una orden judicial, afectando a 420 familias que invirtieron más de 400,000 soles en el proyecto.
El pasado 23 de junio, un contingente policial y municipal llegó a los terrenos donde se construía el mercado mayorista privado para demoler el cerco perimétrico y las oficinas del proyecto. Los comerciantes afectados consideran que se trató de un desalojo arbitrario y ya presentaron denuncias penales contra el burgomaestre por abuso de autoridad.
Los hechos denunciados
Los socios del mercado SUMA habrían adquirido legalmente dos hectáreas de terreno a la inmobiliaria Nor Peruano por un valor de 600,000 soles, de los cuales ya cancelaron el 25% (aproximadamente 200,000 soles). Con estos pagos, procedieron a levantar el cerco perimétrico, construir una oficina y nivelar el terreno para entregar los puestos a los comerciantes.
Sin embargo, desde el inicio del proyecto, la municipalidad habría mostrado oposición. Según los testimonios recogidos por China Polo, el alcalde Walter Soto llegó en varias oportunidades a derribar los palos delimitadores, alegando que estaba «recuperando terrenos del Estado» y que los comerciantes serían «invasores».
La situación se agravó cuando los comerciantes intentaron obtener los permisos correspondientes. El arquitecto Edwin Olivera Castro, encargado de obras públicas y privadas del municipio, habría negado tajantemente el ingreso del expediente por mesa de partes, obligando a los interesados a presentarlo por vía notarial.
Documentación legal cuestionada
Lo que genera mayor controversia es que la inmobiliaria Nor Peruano figuraría en Registros Públicos como propietaria del terreno. Según la documentación presentada, el predio habría sido vendido originalmente por la comunidad indígena de Chimbote a unas hermanas, quienes posteriormente lo vendieron a la inmobiliaria, y esta última a los socios del mercado SUMA.
El gerente de imagen de la municipalidad de Nuevo Chimbote, Ignacio Patiño, argumentó que los comerciantes no habrían acreditado la propiedad del terreno, señalando que en Registros Públicos figuraría el Ministerio de Defensa como propietario.
Demandas constitucionales en curso
La inmobiliaria Nor Peruano habría presentado una demanda de amparo constitucional contra la Fuerza Aérea del Perú, que según ellos se adjudicaría terrenos que no les corresponderían. Asimismo, interpuso otra demanda de amparo contra la municipalidad de Nuevo Chimbote por una multa coactiva de más de 8,000 soles y la amenaza de demolición.
A pesar de que estas demandas estarían admitidas y en curso, con medidas cautelares solicitadas, la municipalidad habría procedido con la demolición sin esperar la resolución judicial.
Denuncias penales presentadas
Los afectados ya presentaron múltiples denuncias penales contra el alcalde Walter Soto y funcionarios municipales:
- Denuncia por abuso de autoridad contra Walter Soto
- Denuncia por omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales contra Walter Soto y Edwin Olivera Castro
- Denuncia por abuso de autoridad contra Walter Soto, Edwin Olivera Castro y Jorge Luis Acosta Guerra (subgerente de cobros coactivos)
- Queja administrativa en el órgano de control interno del municipio
Los comerciantes señalan que el día de la demolición, los funcionarios municipales no habrían mostrado ninguna orden judicial que respaldara el operativo, ejecutándolo únicamente con personal policial y municipal.
¿Intereses detrás de la demolición?
Los afectados sospechan que existirían intereses particulares detrás de la demolición, considerando que el alcalde Walter Soto tendría su reducto político en el mercado La Perlita, donde regularmente realizaría actividades proselitistas. El nuevo mercado SUMA podría representar una competencia comercial para ese sector.
Comerciantes mantienen sus sueños
A pesar de las pérdidas económicas, los 420 comerciantes afectados han decidido continuar con su proyecto. Ya instalaron una nueva oficina provisional y esperan que los procesos legales les den la razón para poder retomar la construcción de lo que sería el mercado mayorista más grande de Nuevo Chimbote.
El caso evidenciaría presuntas irregularidades en el actuar de la autoridad municipal y plantea serias interrogantes sobre el respeto al debido proceso y los derechos de propiedad en la jurisdicción de Nuevo Chimbote.