Más de 3,800 pobladores permanecen sin atención médica, mientras el Consorcio Suyay II continúa facturando millones al Estado
En la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, más de 3,800 pobladores enfrentan una situación crítica: llevan cuatro años esperando la construcción de su Centro de Salud, una obra presupuestada en más de 53 millones de soles que permanece paralizada por falta de financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La denuncia del Comité de Vigilancia y Fiscalización de la obra revela que, a pesar de contar inicialmente con un presupuesto de 20 millones de soles en 2022, solo se ejecutó el cerco perimétrico con los 80 millones posteriormente asignados, mientras que 8 millones habrían sido gastados sin mostrar avances significativos.
La paralización que cuesta millones
La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANI) habría suspendido la ejecución de 24 contratos, afectando cinco proyectos hospitalarios en Áncash que suman más de 1,900 millones de soles en inversión. Esta paralización generaría sobrecostos adicionales estimados entre 90 y 100 millones de soles debido a la liquidación de personal, retiro de maquinarias, mantenimiento de vigilancia y rearmado posterior de campamentos.
Los proyectos afectados incluyen los hospitales de apoyo de Pomabamba (más de 500 millones de soles), Caraz (544 millones con 50% de avance), Casma (372 millones con 60% de avance), Recuay (450 millones con 70% de avance) y el Centro de Salud de San Nicolás.
Conexiones con el escándalo Chincheros
La investigación de China Polo Dominical reveló que el contrato del Centro de Salud de San Nicolás fue suscrito el 18 de agosto de 2023 entre la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y el Consorcio Suyay II, cuyos representantes legales tendrían vínculos directos con el sonado caso del aeropuerto internacional de Chincheros en Cusco.
Entre los principales ejecutivos del consorcio se encuentran José Carlos Balta del Río, quien habría sido gerente de Rúbrica Proyectos, empresa involucrada en el escándalo de Chincheros, junto a Javier Rizzo Patrón Larrabure de la empresa Kuntur Wasi, y Julio Vázquez con Guillermo Enrique Cox Harman.
La empresa Kuntur Wasi habría recibido la concesión del aeropuerto de Chinchero en 2014, pero tras detectarse irregularidades, el contrato fue resuelto por el Estado en 2017.
El drama humano detrás de los números
Según testimonios recogidos por este medio, los pobladores han realizado marchas pacíficas para exigir la continuación de las obras, considerando que la falta de un centro de salud adecuado constituye un atentado contra sus vidas.
«Sin salud no hay nada», expresaron los miembros del comité, quienes ven con preocupación cómo la obra inicial debió ser reubicada debido a fallas geológicas en el terreno original, trasladándose a un nuevo terreno de más de 4,500 metros cuadrados.
Facturación sin avances
Lo más grave del caso estaría en que, según las investigaciones, los principales ejecutivos del Consorcio Suyay II continuarían cobrando al Estado a pesar de cada paralización de obras, manteniendo contratos vigentes sin generar avances reales para las comunidades afectadas.
La Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Áncash habría solicitado a la ANI un informe técnico sobre el estado situacional de las cinco obras en la región ejecutadas en el marco del convenio de gobierno a gobierno, sin obtener respuestas satisfactorias hasta la fecha.
Este caso evidencia cómo la corrupción en Áncash habría permitido que empresarios inescrupulosos obtengan la buena pro sin cumplir las especificaciones técnicas, realizando obras mal ejecutadas que terminan perjudicando directamente a las poblaciones más vulnerables.