Poder Judicial definiría hoy el destino de dispositivos electrónicos del expresidente
El Poder Judicial estaría definiendo el día de hoy si el expresidente Martín Vizcarra recuperaría los 67 bienes electrónicos que le habrían sido confiscados en el marco del caso «Los Intocables de la Corrupción». La audiencia judicial determinaría si estos dispositivos tecnológicos serían devueltos o permanecerían bajo custodia de las autoridades.
Entre los equipos en disputa se encontrarían computadoras, teléfonos móviles, tablets, discos duros externos y otros dispositivos que habrían sido incautados durante los allanamientos realizados en esta investigación anticorrupción que sacudió al país.
La defensa legal del expresidente habría solicitado formalmente la devolución de estos bienes, argumentando que las autoridades ya habrían extraído toda la información necesaria para la investigación. Los abogados de Vizcarra sostienen que muchos de estos equipos serían de uso personal y no estarían relacionados directamente con los hechos investigados.
El caso «Los Intocables de la Corrupción» habría involucrado al exmandatario en una red de presunta corrupción durante su gestión presidencial. Los 67 dispositivos electrónicos contendrían información que las autoridades consideran relevante para el esclarecimiento de los hechos bajo investigación.
El Ministerio Público habría manifestado su posición respecto al mantenimiento de estos elementos bajo custodia judicial, considerando el estado actual de las investigaciones y la relevancia de la evidencia digital para el caso.
Esta audiencia sería crucial para determinar el destino de los equipos tecnológicos, en un momento donde el expresidente enfrentaría múltiples investigaciones por presuntos actos irregulares durante su mandato. La decisión judicial podría establecer precedentes importantes sobre el manejo de evidencia digital en casos de alta connotación pública.
Los 67 bienes electrónicos habrían permanecido bajo custodia judicial desde los operativos realizados en el marco de esta investigación que mantiene en vilo al sistema de justicia peruano.