La exalcaldesa de Lima mantiene su postura combativa mientras enfrenta acusaciones por supuestos vínculos con Odebrecht y OAS
La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, no se achicó tras conocer que el fiscal José Domingo Pérez ratificó su pedido de 29 años de cárcel en su contra. Con su característica actitud desafiante, la exburgomaestre anunció que su defensa «desbaratará uno por uno» todos los cargos que pesan sobre ella.
El caso que mantiene en vilo a la opinión pública gira en torno a los presuntos aportes millonarios que habrían recibido tanto Villarán como su círculo cercano de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS durante la campaña contra la revocatoria de 2013. Según la investigación fiscal, estos dineros habrían ingresado de manera irregular para asegurar la permanencia de Villarán en el sillón municipal.
Durante la audiencia donde se expusieron los alegatos de apertura, Villarán se mostró confiada en su inocencia y hasta celebró la eventual llegada de los testigos clave del caso: Leo Pinheiro, expresidente de OAS, y Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú. «Me parece muy bien que lleguen. Nosotros vamos a desbaratar uno por uno los cargos», declaró al término de la sesión.
La tesis fiscal sostiene que José Miguel Castro habría gestionado cuatro millones de dólares con Leo Pinheiro para negociaciones relacionadas al proyecto Línea Amarilla, mientras que Jorge Barata habría sido pieza clave en el entramado de corrupción desde su posición en Odebrecht.
Sin embargo, el desarrollo del juicio no pudo instalarse como estaba previsto debido a que Leo Pinheiro no fue notificado correctamente a través de la cooperación internacional con Brasil, por lo que se reservó el proceso en su contra.
Los delitos por los que se procesa a Villarán no son menores: asociación ilícita, colusión, lavado de activos y falsa declaración en procedimiento administrativo. Cada uno de estos cargos podría sumar años significativos a una eventual condena.
En un intento por desviar la atención hacia sus logros como alcaldesa, Villarán cuestionó al fiscal Pérez por no haber mencionado en sus alegatos a las familias beneficiadas durante su gestión. «Me apena muchísimo que se haya olvidado el fiscal, el procurador, de los pobladores de la margen izquierda del río Rímac, más de 2500 familias que recibieron compensaciones justas para renegociar un contrato que había hecho el alcalde Castañeda en 2009 y que entregaba el 65% de los peajes», enfatizó.
La exalcaldesa se refirió al proyecto de vivienda que impulsó en 2011, en el que según su versión, logró mejores condiciones para las familias afectadas frente a las negociaciones previas realizadas por su antecesor Luis Castañeda Lossio.
El caso Villarán se perfila como uno de los procesos más mediáticos relacionados con la red de corrupción de Odebrecht en el país, y su desarrollo mantendrá expectante a la ciudadanía mientras se define el futuro judicial de quien fuera una de las figuras más polémicas de la política limeña en la última década.