762 casos en Lima serían archivados tras controvertida sentencia del TC que declara inconstitucional parte del Decreto Legislativo 1373
Una decisión que habría generado alarma en el Ministerio Público podría beneficiar a personajes emblemáticos de la política y empresarios investigados por presuntos actos de corrupción. El Tribunal Constitucional (TC) habría emitido una sentencia que ordenaría archivar todos los procesos de extinción de dominio iniciados antes de febrero de 2019, fecha en que entró en vigencia el Decreto Legislativo 1373.
El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Mirko Cano Gamero, habría expresado su preocupación por los efectos devastadores que tendría esta decisión del máximo intérprete constitucional. Según sus declaraciones, la sentencia «atacaría» las raíces del subsistema y generaría «daños» considerables, especialmente en casos considerados emblemáticos.
Los Grandes Beneficiados de la Decisión
Entre los casos que serían archivados se encontrarían investigaciones contra:
- Vladimir Cerrón, el prófugo líder de Perú Libre
- José Luna Gálvez, congresista investigado por presuntos delitos
- José Arriola, también congresista bajo investigación
- Bienes vinculados a Odebrecht, la constructora brasileña
- Ollanta Humala, expresidente de la República
- Vladimir Montesinos, exasesor presidencial
- Florindo Eleuterio Flores Hala, alias «Artemio», cabecilla terrorista
- Jaime Villanueva, exasesor fiscal
Cifras Alarmantes del Impacto
Solo en Lima, 762 casos en investigación preliminar y procesos judicializados pasarían al archivo, donde se buscaría extinguir bienes productos de presuntos actos ilícitos. Los seis despachos de extinción de dominio de la capital serían los principales afectados si la sentencia del TC se aplicara «a rajatabla», según expresó el fiscal Cano Gamero.
Más de 15 casos emblemáticos que actualmente estarían judicializados pasarían al archivo, representando una pérdida total de S/ 310’341,964 para el Estado Peruano. Además, existirían otros casos en investigación o calificación que superarían los 30 procesos, implicando bienes y montos de dinero adicionales.
La Controversia Jurídica
El TC habría declarado inconstitucionales los incisos 2.1 y 2.5 del artículo II del Título Preliminar del Decreto Legislativo 1373, ordenando archivar y devolver los bienes «ipso facto» de aquellos procesos iniciados antes de febrero de 2019.
Esta decisión se basaría en la fecha de entrada en vigencia del reglamento del DL 1373, que aunque fue publicado en agosto de 2018, su reglamento recién fue promulgado el 1 de febrero de 2019 mediante el Decreto Supremo n.º 007-2019-JUS.
Críticas del Ministerio Público
El fiscal Cano Gamero habría cuestionado duramente la sentencia, señalando que no se precisarían, explicarían o mostrarían los casos de afectación de derechos de terceros que supuestamente el TC usó como argumento para declarar la inconstitucionalidad.
«En realidad no se habría vulnerado derechos de terceros, porque no está en la sentencia, en qué casos se habría vulnerado», habría expresado el fiscal, quien agregó que menos del 1% de los casos estarían afectando bienes de terceras personas, mientras que en más del 90% se investigarían bienes que fueron instrumento del delito.
¿Qué Viene Después?
El fiscal coordinador habría expresado su esperanza de que el Poder Judicial analice caso por caso si la sentencia del TC debería aplicarse, recordando que el artículo 204 de la Constitución señala que las sentencias del TC que declaran inconstitucionalidad no tendrían efecto retroactivo.
Además, anunció que solicitarían una aclaración de la sentencia al TC respecto a su aplicación y expresó la esperanza de que las fiscalías especializadas en lavado de activos y corrupción realicen las incautaciones respectivas para evitar que los bienes sean devueltos a los implicados.
Durante los seis años de funcionamiento, las fiscalías de extinción de dominio habrían trabajado atacando organizaciones criminales cuyos bienes de procedencia ilícita se habría ido comprobando, según destacó Gamero, quien se mostró respetuoso pero crítico con la decisión del máximo tribunal constitucional.
Esta controvertida decisión marcaría un antes y un después en la lucha contra la corrupción en el Perú, generando un debate sobre los límites del poder judicial y la protección del patrimonio del Estado.