Ministro de Justicia se reunió con Víctor Zanabria habría sido suspendido por 18 meses por presunto peculado y colusión agravada
En una decisión que genera controversia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, se habría reunido con el comandante general de la Policía Nacional, general Víctor Zanabria, justo después de que el Poder Judicial dispusiera la suspensión de este último por una investigación en su contra por presunto peculado y colusión agravada.
Según informó el Ministerio de Justicia, la reunión habría tenido como objetivo «seguir contribuyendo a la lucha contra la inseguridad ciudadana» y en ella habrían «planificado acciones conjuntas respecto a próximos operativos en establecimientos penitenciarios y traslados de internos de alta peligrosidad».
La jueza Janet Lastra Ramírez, del Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, habría suspendido en el cargo por 18 meses al comandante general Víctor Zanabria Angulo. Esta decisión habría sido tomada en atención al pedido de la fiscalía que investiga a Zanabria por presuntos delitos de peculado y colusión agravada en el caso conocido como «policías albañiles».
La reunión entre ambos funcionarios se produce en un momento particularmente delicado para Santiváñez, quien enfrenta cuestionamientos por la difusión de audios que se le atribuyen. En estas grabaciones, presuntamente se habrían revelado coordinaciones con Eduardo Arana cuando era ministro de Justicia para favorecer a un excliente de su estudio de abogados.
El caso «policías albañiles» involucra presuntas irregularidades en las que miembros de la Policía Nacional habrían participado en actividades de construcción utilizando recursos del Estado, lo que configuraría los delitos de peculado y colusión agravada por los cuales Zanabria estaría siendo investigado.
La decisión del ministro Santiváñez de mantener esta reunión con un funcionario suspendido por el Poder Judicial plantea interrogantes sobre la coordinación institucional y el respeto a las decisiones judiciales en el actual gobierno.