La estrategia legal del exministro para evitar que se analicen las grabaciones comprometedoras
La defensa del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, habría anunciado que no participaría en las diligencias de escucha de audios durante el caso que involucraría al capitán de la PNP, Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’. Según el oficio compartido por la Fiscalía, el abogado de Santiváñez se habría excusado indicando que habría vencido el plazo de investigación.
Sin embargo, el Poder Judicial ya habría fijado un aumento de plazo por 90 días para que se realice el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Esta maniobra legal del exministro no habría logrado detener las investigaciones.
El fiscal Hernán Wilfredo Mendoza habría emitido un comunicado asegurando que, a pesar de la negativa de participación de Santiváñez, continuarían con las diligencias y la verificación de las voces, pues esta se encontraría autorizada mediante resolución N° 03 del 18 de junio de 2025.
Poder Judicial autoriza revisar audios de ‘Culebra’
Mediante resolución, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria habría establecido que el plazo para analizar los audios entregados por el capitán PNP Junior Izquierdo se computaría desde el 5 de junio hasta el 5 de septiembre. La medida respondería a una solicitud de la Fiscalía en el marco de una investigación por presunto abuso de autoridad contra el exministro del Interior.
Según la resolución judicial, el material habría sido entregado de forma voluntaria por Izquierdo el 29 de agosto de 2024 y consistiría en un grabador digital de ocho gigabytes. La Fiscalía buscaría extraer y transcribir el contenido del dispositivo, que podría contener información clave en el proceso, iniciado tras el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones del exfuncionario.
¿Qué contendrían los audios comprometedores?
En dichos audios se oiría al exministro del Interior conversando con el capitán de la Policía Nacional del Perú, Junior Izquierdo, en las cuales abordarían presuntos pormenores de polémicos casos como el denominado ‘Cofre’ -el vehículo presidencial que se dice habría trasladado al prófugo Vladimir Cerrón-, referencias a personas cercanas a la presidenta Dina Boluarte y otros asuntos relacionados con el líder de Perú Libre.
Cabe indicar que Santiváñez se encontraría enfrentando un pedido de impedimento de salida del país por 18 meses, mientras se esclarecería otra acusación en su contra: se trataría de su presunta participación en un pago de 20,000 dólares dirigidos a magistrados del Tribunal Constitucional.