Ministro anuncia acciones legales contra magistrados mientras evalúan retiro del Perú de la Corte IDH
El ministro de Justicia, Juan Santiváñez, amenazó con iniciar denuncias contra los magistrados que no acaten la controversial Ley de Amnistía recientemente aprobada por el Congreso. En una entrevista al canal de YouTube de La Cámara Inmobiliaria Peruana, el titular del sector anunció que en los próximos días se reuniría con los procuradores del Estado para iniciar acciones legales contra jueces que, según sus palabras, «no resuelvan conforme a nuestro marco jurídico».
La amenaza de Santiváñez surge en medio de las primeras resistencias del Poder Judicial a aplicar la norma. El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, presidido por el juez Leodan Cristóbal Ayala, ya decidió no aplicar la Ley de Amnistía en el caso de la masacre de Chumbivilcas, donde se procesa al militar en retiro Jaime Manuel Pando Navarrete y otros seis implicados por delitos de tortura, violación y abuso de autoridad.
«Los policías y militares que están siendo juzgados muchos llevan sus procesos 40 años, son personas que se fajaron por el Perú. Al final resulta que los terroristas son a los que no se les respetó el debido proceso y se les tiene que pagar y no reconocer derechos a nuestros héroes policiales, militares. Todo esto empieza con Toledo cuando nombra representantes caviares», señaló Santiváñez durante la entrevista.
El ministro también arremetió contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), alineándose con la posición de la presidenta Dina Boluarte, quien ha mostrado su desacuerdo con la solicitud de inaplicar la Ley de Amnistía. Santiváñez reiteró que desde el Ejecutivo se viene evaluando la decisión de que Perú se retire de este tratado internacional.
«Para mí el sistema está absolutamente contaminado, desde el punto de vista de las normas sustantivas y de las normas procesales y lo dicho por la señora presidenta de la República y que nosotros compartimos es que el Perú es un país independiente y soberano. Lo que la Corte pueda resolver es absolutamente irrelevante. Ellos no vivieron nuestra guerra», sostuvo el funcionario.
La resistencia judicial ya se manifestó concretamente cuando el juez Ayala determinó que «no es posible interpretar la norma en cuestión a costa de los derechos a la verdad, dignidad, justicia, tutela jurisdiccional efectiva y reparación civil de las víctimas y sus familiares». En su resolución, el magistrado señaló que la Ley N.º 32419 «resulta manifiestamente inconstitucional, por lo que no hay otro remedio constitucional que su inaplicación mediante el mecanismo del control difuso».
Las declaraciones de Santiváñez evidencian el enfrentamiento que se habría generado entre el Ejecutivo y el Poder Judicial por la aplicación de una norma que busca amnistiar a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno y las protestas sociales.