El tribunal determinó que la expresidenta del Consejo de Ministros participó en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó este jueves 27 de noviembre a Betssy Chávez Chino, expresidenta del Consejo de Ministros, a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión. La sentencia se dictó tras determinar que participó en la planificación del intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022.
El tribunal, integrado por los jueces José Neyra, Norma Carbajal e Iván Guerrero, fundamentó su decisión al establecer que Chávez Chino fue coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, bajo la modalidad de conspiración contemplada en el artículo 349 del Código Penal peruano.
La Sala Penal determinó que la exministra coordinó el ingreso de periodistas de IRTP (TV Perú) para la transmisión del mensaje presidencial donde Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso. Además, se acreditó que convocó a los ministros calificando la jornada como un «día histórico» y que tenía conocimiento previo del contenido del mensaje a la Nación.
La jueza Norma Carbajal, encargada de leer el adelanto del fallo por mayoría, precisó que la pena considera el periodo que Chávez estuvo privada de su libertad durante la prisión preventiva. Además de la condena privativa de libertad, el tribunal impuso dos años de inhabilitación para ejercer función pública.
Junto a Chávez, recibieron la misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días el expresidente Pedro Castillo y el exministro del Interior Willy Huerta. Por su parte, Aníbal Torres, quien se desempeñaba como asesor presidencial, recibió una condena reducida de 6 años y 8 meses debido a su avanzada edad.
El tribunal ordenó la ubicación y captura inmediata de Betssy Chávez a nivel nacional e internacional, dado que se encuentra en libertad tras la revocatoria previa de su prisión preventiva. La exfuncionaria se asiló en la Embajada de México en Lima a inicios de noviembre, donde permanece a la espera de un salvoconducto que el gobierno peruano no ha concedido hasta la fecha.
Esta situación ha generado tensiones diplomáticas entre Perú y México, incluso llevando al gobierno peruano a anunciar el rompimiento de relaciones diplomáticas con el país norteamericano. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, ha reiterado que el Ejecutivo no intervendrá en la sede diplomática y respetará la inmunidad de la embajada conforme al derecho internacional.
Cabe señalar que el 21 de noviembre, el juez supremo Juan Carlos Checkley ya había dictado cinco meses de prisión preventiva contra Chávez por incumplir sus reglas de conducta, ordenando en aquel momento su captura nacional e internacional.
La Sala Penal también fijó una reparación civil solidaria de aproximadamente 12 millones de soles (más de 3.5 millones de dólares) que deberán pagar Castillo, Chávez, Torres y Huerta. El proceso aún permite apelaciones ante instancias superiores.