La congresista califica la decisión del fiscal interino como una «infracción constitucional» que garantiza la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos
La congresista Ruth Luque formalizó este jueves una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, tras su polémica decisión de desactivar cuatro equipos especiales de fiscales, incluido el que investigaba las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas sociales en el gobierno de Dina Boluarte.
«He cumplido con presentar la denuncia constitucional: La desactivación de los 4 equipos especiales es sinónimo de impunidad, entre ellos el que investigaba las violaciones a DDHH ocurridas en el gobierno de Boluarte. No es una decisión técnica, es una infracción constitucional», señaló Luque a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter).
La parlamentaria, conocida por su postura crítica frente al gobierno, considera que la medida adoptada por Gálvez no responde a criterios técnicos ni jurídicos, sino que obedecería a un intento deliberado de obstaculizar investigaciones sensibles que involucran a altos funcionarios del Estado.
Entre los equipos especiales desactivados se encuentra el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, creado específicamente para investigar las graves denuncias de uso desproporcionado de la fuerza, muertes y lesiones que habrían sido perpetradas por agentes del Estado durante las manifestaciones registradas desde diciembre de 2022.
La decisión de Gálvez ha generado rechazo en organizaciones de derechos humanos, colectivos de víctimas y diversos sectores de la sociedad civil, quienes ven en esta medida un golpe directo a la búsqueda de justicia para las familias que perdieron a sus seres queridos durante las protestas que dejaron más de 60 fallecidos en todo el país.
Según fuentes del Ministerio Público, la desactivación de estos equipos especiales implicaría la redistribución de los casos a fiscalías ordinarias, lo que podría generar dilación en las investigaciones y, en el peor de los casos, su archivo.
Ruth Luque ha sido enfática en señalar que esta acción no puede quedar impune y que el Congreso debe actuar con responsabilidad para determinar si existe responsabilidad constitucional por parte del fiscal de la Nación interino.
La denuncia constitucional deberá ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, instancia que determinará si existen méritos suficientes para continuar con el proceso contra Tomás Gálvez.
Mientras tanto, las familias de las víctimas de las protestas sociales expresan su preocupación ante lo que consideran un nuevo obstáculo en su búsqueda de verdad, justicia y reparación.