Ministerio Público exige a Podemos Perú presentar en 24 horas todas las pruebas sobre presunta adjudicación irregular de 277 millones a Gezhouba Group
El Ministerio Público acaba de lanzar una bomba que pone en jaque la campaña presidencial de Rafael López Aliaga. La fiscal adjunta provincial Rut Elizabeth Ucaña Arenas envió el Oficio N° 65-2026 este 5 de febrero exigiendo respuestas urgentes sobre un caso que huele a corrupción desde hace meses: la entrega de 277 millones de soles en obra pública a una empresa china con un pasado más que cuestionable.
Y señores, cuando hablamos de Gezhouba Group Company no estamos hablando de cualquier empresa. Estamos hablando de una compañía que aparece en la lista negra del Congreso, investigada por presuntos actos de corrupción y con más de 3 mil millones de soles en contratos con el Estado peruano. ¿Casualidad? Esta boca no cree en casualidades.
El ultimátum es claro: Podemos Perú, el partido de José Luna, tiene solo 24 horas para presentar por escrito cada prueba, cada documento, cada elemento que respalde sus explosivas denuncias contra el exalcalde de Lima. La Fiscalía quiere nombres concretos de los funcionarios de EMAPE que habrían participado en este presunto favorecimiento, fechas exactas, lugares específicos. Todo.
La carpeta fiscal 65-2026 ya está abierta de oficio, y el reloj corre. ¿Qué tiene Podemos para demostrar que Rafael López Aliaga habría metido las manos donde no debía?
La bomba que lanzó Podemos Perú y que desató todo
Todo empezó cuando los regidores Luis Gallardo y José Luis Luna salieron a la palestra pública con documentos bajo el brazo y una denuncia explosiva: Rafael López Aliaga habría entregado en bandeja de plata la construcción de la Vía Expresa Norte a un consorcio donde manda Gezhouba Group Company, la misma empresa china que arrastra investigaciones por presunta corrupción a nivel nacional.
El contrato se cerró en febrero de 2025. El monto: 277 millones de soles. Pero aquí viene lo jugoso, señores: el presupuesto original que se manejó en todo el proceso de licitación era de 264 millones. ¿Cómo terminó la adjudicación? En 277 millones. 14 millones de soles más de la noche a la mañana. Sin explicación clara, sin justificación técnica que valga.
Los regidores de Podemos fueron contundentes en su exposición: «La empresa gana la licitación al ciento cinco por ciento, es decir, catorce millones más del presupuesto original», declaró José Luis Luna ante la prensa. Y señaló que todo el proceso se manejó a través de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), lo que supuestamente garantizaría transparencia. Pero los números cuentan otra historia.
Y aquí está lo que realmente indigna: cuando uno revisa el estado actual de la obra, el avance es de apenas 8%. Solo ocho por ciento. Y estamos a pocos meses de junio de 2026, que es la fecha límite para entregar todo terminado. ¿Van a cumplir? Las matemáticas no cuadran, señores.
Pero esperen, que hay más. Resulta que EMAPE, la empresa municipal que maneja el proyecto, decidió eliminar las estaciones de pasajeros a desnivel que estaban planificadas para las avenidas Naranjal, Izaguirre y Tomás Valle. Recortaron partes importantes de la obra, pero el presupuesto se mantuvo intacto. No bajó ni un sol. ¿A quién beneficia eso? A simple vista, al consorcio que ganó la licitación y que ahora tendría menos trabajo por hacer pero cobraría lo mismo.
Gezhouba Group: una empresa con prontuario largo y pesado
Vamos a hablar claro sobre quién es Gezhouba Group Company, porque su historial no es precisamente limpio. Esta empresa china está incluida en una lista oficial de trece compañías asiáticas investigadas por presunta corrupción. No lo decimos nosotros, lo dice un informe elaborado por una comisión multipartidaria del Congreso de la República en marzo de 2024.
El documento parlamentario es demoledor. Señala que Gezhouba habría conseguido contratos millonarios con el Estado peruano mediante presuntos pagos ilícitos y maniobras turbias diseñadas para asegurarse las adjudicaciones. ¿Y cuánto dinero estamos hablando? Entre 2018 y 2025, esta empresa firmó diecisiete contratos con el Estado por casi 3 mil millones de soles. Tres mil millones. Lean bien esa cifra.
Pero la cosa no queda ahí, señores. Gezhouba ya fue protagonista del escándalo conocido como «Los intocables de la corrupción», un caso que salpicó hasta al expresidente Martín Vizcarra y a varios funcionarios de alto nivel del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En ese entonces, las investigaciones revelaron presuntos pagos de coimas que alcanzaban el tres por ciento del valor total de una obra en Moquegua, que superaba los 63 millones de soles.
Las cosas se pusieron tan serias que en 2024 el Ministerio Público ordenó el allanamiento de las oficinas de Gezhouba en Lima. No fue la única empresa china investigada, pero sí una de las principales en la mira de los fiscales anticorrupción.
Y si pensaban que ya no había más, déjenme contarles: en 2023 una auditoría realizada a un proyecto vial que Gezhouba ganó en 2018 encontró irregularidades graves. Aprobaciones irregulares, pagos realizados fuera de plazo, incumplimientos en el pago de salarios que generaron protestas de los trabajadores sindicalizados. Un desastre administrativo y legal.
El caso más reciente es aún más revelador: hace pocas semanas, Provías Nacional tuvo que anular la licitación del proyecto Boca del Río en Tacna. ¿Quién había ganado? El consorcio SAMA, donde Gezhouba es parte importante. ¿La razón de la anulación? Vulneración a los principios de transparencia e integridad en el proceso. O sea, irregularidades detectadas antes de que empezara la obra.
La versión oficial de EMAPE: «Aquí no hay nada que investigar»
Cuando las denuncias comenzaron a tomar fuerza mediática, EMAPE salió al frente con un comunicado oficial. Su postura es clara: todo se hizo conforme a la ley, todo fue transparente, todo fue limpio. Según la empresa municipal, el contrato con Gezhouba y su socio local Chavín Engineering & Construction se manejó bajo la modalidad de concurso oferta, con financiamiento público y bajo la supervisión de la OIM.
EMAPE insiste en que el proceso garantiza «transparencia, trazabilidad y eficiencia» en el manejo de los recursos del Estado. Punto. Fin de la discusión. O al menos eso es lo que quisieran.
Pero hay algo más en su comunicado que llama poderosamente la atención: atribuyen las denuncias de Podemos Perú a «intereses políticos propios de la coyuntura electoral». O sea, según ellos, todo esto es puro show político, una jugada de campaña para dañar la imagen de Rafael López Aliaga justo cuando está compitiendo por la presidencia.
La empresa municipal sostiene que la obra comenzó en septiembre de 2025 y que el cronograma se está cumpliendo sin problemas. Que las observaciones de los regidores «carecen de sustento técnico» y que su actuación siempre ha sido apegada a la legalidad vigente.
Pero señores, ahora el que tiene que decidir si hubo o no irregularidades es el Ministerio Público. Y la Fiscalía no está preguntando por opiniones políticas ni por comunicados institucionales. Está exigiendo documentos, pruebas, nombres, fechas y cifras concretas.
Podemos Perú tiene hasta mañana para poner todas sus cartas sobre la mesa. Si tienen las pruebas que dicen tener, este caso podría dinamitar la candidatura de López Aliaga. Si no las tienen, quedarán como denunciantes sin sustento en medio de una campaña electoral.
Pero la pregunta de fondo sigue ahí, gritando: ¿Por qué el Estado peruano continúa adjudicando obras multimillonarias a una empresa con tantas investigaciones encima? ¿Por qué Gezhouba sigue ganando licitaciones pese a su historial cuestionab