El Estado habría permitido que más de 68 mil mineros ilegales sigan operando mientras destruyen la Amazonía
El pueblo awajún no se queda callado. Mientras el Gobierno peruano habría estado «allanando el camino» para la minería ilegal durante cinco años, las comunidades indígenas amazónicas denuncian que enfrentan una crisis sin precedentes que amenaza su supervivencia.
El Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), que representa a 70 mil habitantes, lanzó una denuncia contundente: el Estado no estaría actuando de manera drástica para combatir la minería ilegal que destroza sus territorios ancestrales.
La Ley Reinfo: ¿Solución o Encubrimiento?
Jorge Pérez Rubio, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), habría señalado que la Ley del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) sería solo un «parche» que no resolvería el verdadero problema. Según las denuncias, más de 68 mil mineros ilegales suspendidos continuarían operando sin cumplir los requisitos para ser formalizados.
Gil Inoach Shawit, presidente del GTAA, fue directo: «No vemos un accionar drástico del Estado para combatir la minería ilegal». Esta declaración resumiría la frustración de miles de indígenas que verían cómo sus territorios son invadidos sistemáticamente.
Cuatro Focos de Destrucción
Los líderes awajún identificaron cuatro puntos críticos donde la minería ilegal estaría operando sin control:
- Sector Tambo: El campamento minero Kumpanam, en la Cordillera del Cóndor, contaría con 11 excavadoras que destruirían la cabecera de la quebrada Sawientsa, afectando a más de 12 mil habitantes.
- Río Cenepa: Más de 40 dragas estarían operando en esta zona.
- Río Santiago: La actividad extractiva ilegal habría tomado control de este importante afluente.
- Río Marañón: Por el lado de Saramiriza, la minería ilegal también habría establecido operaciones.
El Precio en Sangre
La resistencia indígena tendría un costo mortal: 25 líderes indígenas habrían sido asesinados por oponerse a la minería ilegal. Esta cifra revelaría la violencia extrema que rodearía estas actividades extractivas.
Mujeres en Primera Línea
Matut Impi Ismiño, representante de las mujeres awajún, denunció que la minería ilegal habría afectado «el desarrollo saludable de las mujeres y la soberanía alimentaria». Según su testimonio, «la minería en alianza con el Estado y los funcionarios favorecen la minería informal y formal dentro de nuestros territorios».
Las acusaciones son graves: las grandes dragas operarían «frente a los puestos de control sin que se intervenga», lo que sugeriría una posible complicidad o negligencia de las autoridades.
Más que Minería: Una Red Criminal
Los líderes awajún advirtieron que la minería ilegal no sería un problema aislado. Esta actividad habría generado vínculos con el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos conexos, creando una red criminal que amenazaría la estabilidad social de la región.
La situación habría generado «polarización y divisiones dentro las mismas comunidades», destruyendo el tejido social que durante siglos mantuvo unido al pueblo awajún.
El Llamado Desesperado
Los líderes awajún exigieron acciones concretas al Estado peruano a través de la Policía Nacional, el Ejército y el Ministerio Público. Su demanda es clara: necesitarían «acciones concretas y permanentes para erradicar la minería ilegal».
También pidieron que se observen las modificatorias y ampliaciones del Reinfo, especialmente la prórroga del reglamento de la Ley minera 32213 que permitiría que las concesiones mineras sean heredadas.
La pregunta que queda en el aire es contundente: ¿Seguirá el Estado peruano permitiendo que la Amazonía y sus pueblos originarios sean sacrificados en nombre de intereses económicos ilegales?
El tiempo se agota para una de las culturas más antiguas del Perú, mientras la maquinaria destructiva avanza sin freno por sus territorios ancestrales.
