Iván Paredes Yataco estaría incluido en la reorganización total del sistema penitenciario tras cuestionamientos por corrupción
Señores, señoras, esto ya no se puede tapar más. El premier Ernesto Álvarez ha confirmado lo que todos sospechábamos: Iván Paredes Yataco, el cuestionado jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), estaría en la lista de salida como parte de la reorganización que el Gobierno ejecutaría si el Congreso les otorga facultades legislativas.
Durante una entrevista en Canal N, Álvarez no se anduvo con rodeos. Cuando le preguntaron directamente si Paredes se iría, respondió: «Entiendo que sí, lo están contemplando». Aunque aclaró que su sector no lidera directamente esa evaluación, dejó claro que la reorganización alcanzaría a «una variedad de funcionarios que en estos treinta días han sido investigados».
Y es que las denuncias contra Paredes Yataco no son poca cosa. Un informe de Cuarto Poder difundió audios donde presuntamente participaría en gestiones para favorecer la excarcelación de un procesado a cambio de dinero. ¿Su respuesta? Que los audios no le pertenecerían y que solo acudió una vez a la Fiscalía Anticorrupción a dar su versión.
Pero eso no es todo. Este señor también tiene una sanción de Indecopi por 16,000 soles por incumplimiento de servicios profesionales. Una exclienta lo habría acusado de no presentar una denuncia penal pese a haber recibido 3,500 dólares. La multa la pagó cuando ya era titular del INPE. ¿Casualidad? Ustedes saquen sus propias conclusiones.
El premier Álvarez explicó que la estrategia del Ejecutivo fue intervenir directamente los penales antes de anunciar reorganizaciones estructurales. Según sus palabras, necesitaban resultados rápidos y la prioridad fue realizar operativos internos, reubicar a internos de alta peligrosidad y retomar el control de pabellones que estarían dominados por mafias penitenciarias.
«Entre esas facultades está una medida concreta, la reorganización absoluta del INPE», señaló Álvarez al detallar que el objetivo sería reformar la estructura operativa luego de los primeros 30 días de intervención directa en penales.
Mientras tanto, Paredes Yataco ha defendido su trayectoria, afirmando que la sanción de Indecopi habría sido únicamente administrativa y que el Colegio de Abogados declaró nula una sanción inicial. También sostiene que «no son tantos cuestionamientos» y que, mientras una persona mantenga su presunción de inocencia, no debería cuestionarse su permanencia en cargos públicos.
Pero señores, señoras, aquí la pregunta es clara: ¿Una persona con estos antecedentes debería estar al frente del sistema penitenciario del país? ¿O es que en el Perú cualquiera puede llegar a estos cargos sin que nadie diga nada?
El Gobierno ha realizado más de dos mil requisas en penales durante los últimos cuatro meses, y ahora busca facultades legislativas para una reforma integral. Veremos si esta vez sí se toman las decisiones correctas o si todo queda en promesas como siempre.