El actual jefe del Gabinete Ministerial, que asumió el cargo hace apenas un día, también enfrenta cuestionamientos por sus vínculos con el exjuez Walter Ríos
El Presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, habría expresado su satisfacción por la captura de Miguel Rodríguez Díaz, alias «Cuchillo», presunto responsable de la masacre de 13 mineros en Pataz, ocurrida el pasado mes de abril.
«Tenemos que devolver a la ciudadanía la tranquilidad. Una noticia importante es la captura internacional de alias Cuchillo, gracias al esfuerzo de la PNP, que proporcionó la información correspondiente a la Fiscalía», habría señalado el premier en declaraciones a la prensa, destacando que «se establecerán las responsabilidades del asesinato de 13 personas».
Estas declaraciones llegarían apenas un día después de que Arana juramentara como nuevo Premier en reemplazo de Gustavo Adrianzén, quien renunció «irrevocablemente» el pasado 13 de mayo ante su inminente censura en el Congreso por la crisis de inseguridad y el manejo de la masacre en Pataz.
Sin embargo, el flamante jefe del Gabinete enfrentaría sus propias controversias. Eduardo Arana se encuentra actualmente bajo investigación preliminar por su presunta vinculación con el caso «Los Cuellos Blancos del Puerto», una red de corrupción que habría operado dentro del sistema judicial peruano entre 2017 y 2018.
Según diversas fuentes periodísticas, el Poder Judicial habría autorizado el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Arana, revelando más de 180 llamadas con Walter Ríos, exjuez y uno de los principales cabecillas de dicha organización criminal. Una conversación telefónica entre ambos, interceptada legalmente en abril de 2018, habría sido el detonante de la investigación.
La Fiscalía estaría investigando a Arana como presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado y, alternativamente, por cohecho activo específico. La hipótesis fiscal apuntaría a que Arana habría buscado que Ríos ejerciera influencias ante un juez para dilatar la ejecución de una sentencia en un proceso que interesaba al ahora premier.
Arana habría negado en repetidas ocasiones estos señalamientos, afirmando que la Fiscalía estaría «criminalizando» sus comunicaciones con Ríos y que en sus más de 24 años en la academia y el sistema de justicia tuvo relación con múltiples jueces y fiscales sin que esto implicara actos de corrupción.
Estas investigaciones se suman a otras controversias en su historial, como una sentencia por alimentos dictada en su contra en 2010, que incluso habría motivado un impedimento de salida del país en 2011 por incumplimiento.
