Poder Judicial evaluará recurso que cuestiona restricción migratoria de 18 meses impuesta al exmandatario
El Poder Judicial ha admitido a trámite el hábeas corpus presentado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski contra la Superintendencia Nacional de Migraciones, buscando anular la prohibición de salir del país que le fue impuesta recientemente por 18 meses, con vigencia hasta diciembre de 2026.
La medida de impedimento habría sido dictada después de que PPK intentara viajar a Estados Unidos, pese a que la Fiscalía ya había solicitado dicha restricción por las investigaciones en su contra. El exmandatario estaría siendo investigado por presunto lavado de activos dentro de una supuesta red criminal que habría operado en el partido Peruanos por el Kambio durante la campaña electoral de 2016.
La defensa de Kuczynski sostiene que cuando el expresidente intentó viajar no existía ninguna restricción judicial activa sobre su salida del país. Argumentan que la «alerta migratoria» que impidió su partida presuntamente carecería de base legal. El expresidente habría manifestado que su viaje tenía fines médicos y para reunirse con su esposa, afirmando además que tenía planeado su regreso al Perú.
Si bien el hábeas corpus ha sido admitido para que Migraciones explique las razones del impedimento, es importante señalar que, incluso si se levantara esa alerta migratoria específica, PPK aún enfrentaría una nueva orden judicial de impedimento de salida emitida el 8 de junio. La jueza habría considerado que existiría un «peligro inminente» de que Kuczynski intente eludir la justicia.
En un hecho relacionado, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, presidido por la jueza Margarita Salcedo, rechazó la recusación planteada por la defensa del expresidente. El abogado Julio Midolo había cuestionado que presuntamente fueron notificados sobre la audiencia de impedimento de salida con poca anticipación y en domingo, día no laborable.
La jueza Salcedo aclaró que la convocatoria fue comunicada con tres días de anticipación, conforme a ley, y que el caso será elevado a la Sala Penal de Apelaciones Nacional para su revisión. Frente a esta decisión, la defensa anunció que presentará una apelación.
«Desde nuestra perspectiva, habría una parcialización en este despacho. Si no se considera legítimo que un ciudadano de 87 años, que ha esperado siete años para que cesen las restricciones en su contra, pueda viajar a ver a su esposa, entonces en este país no existiría seguridad jurídica», declaró el abogado Midolo.
