La fiscal suprema enfrenta un proceso que buscará esclarecer los hechos tras la denuncia interpuesta por incumplimiento de resolución
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) habría iniciado una investigación preliminar contra la fiscal suprema Delia Espinoza por presuntas inconductas funcionales que se habrían presentado en el marco de la controversia institucional en el Ministerio Público. Según la denuncia, Espinoza presuntamente no habría acatado una resolución de la JNJ relacionada con la reposición de Patricia Benavides, lo que habría motivado el inicio del proceso investigativo.
Los hechos materia de investigación
Según la denuncia que habría presentado Luis Miguel Caya, el 16 de junio Delia Espinoza presuntamente habría convocado a fiscales y personal administrativo al piso 9 de la Fiscalía de la Nación. La finalidad habría sido permanecer en el lugar por aproximadamente cuatro horas, lo que según los denunciantes constituiría un incumplimiento de una resolución oficial. Los hechos habrían sido documentados y difundidos públicamente.
Espinoza, según las alegaciones contenidas en la denuncia, habría desarrollado acciones que desviaron presuntamente el trabajo fiscal hacia una defensa personal de su posición. Entre los hechos que se investigan estarían: el presunto incumplimiento de actos administrativos, el alegado uso de personal del Ministerio Público para fines no institucionales, y la supuesta resistencia a acatar resoluciones oficiales.
Las versiones en controversia
Según reportes de prensa, se habría difundido un audio con la convocatoria masiva de personal. Sin embargo, la investigación deberá determinar la veracidad y contexto de estos hechos. El proceso buscará establecer si efectivamente hubo fiscales que interrumpieron investigaciones para participar en las acciones descritas en la denuncia.
El artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal establecería como falta muy grave cualquier acto que comprometa los deberes del cargo. Los denunciantes alegan que se habrían configurado varios de estos supuestos, incluyendo la negativa a cumplir resoluciones firmes y el montaje de una estrategia de resistencia sin base legal.
Por su parte, Espinoza habría manifestado que seguía actuando conforme a sus atribuciones, solicitando que la JNJ notifique debidamente la resolución con las formalidades que establece la normativa interna de dicha institución.
Antecedentes del proceso
Luis Miguel Caya también habría señalado que en otros casos, como el de Patricia Benavides, la JNJ habría aplicado medidas preventivas desde el inicio del proceso. En el caso de Espinoza, inicialmente la medida de suspensión preventiva habría sido desestimada. No obstante, tres de los cuatro hechos analizados ya habrían sido calificados como «presuntas faltas muy graves».
Para el denunciante, la situación no se trataría de una simple diferencia de criterios administrativos, sino de una controversia sobre el cumplimiento de resoluciones institucionales. «No estaríamos ante una simple diferencia de criterios. Se alega una resistencia institucional al cumplimiento de resoluciones», habría manifestado en declaraciones públicas.
Procesos paralelos en curso
El caso no se limitaría al ámbito administrativo de la JNJ. Espinoza también enfrentaría una denuncia constitucional en el Congreso de la República, promovida por varias bancadas, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones. Adicionalmente, se le imputaría haber interferido en proyectos legislativos relacionados con beneficios para militares y policías retirados.
La JNJ habría otorgado a Espinoza el plazo correspondiente para presentar su defensa. El proceso seguiría su curso respetando las garantías del debido proceso y el derecho de defensa. Según el denunciante, independientemente del resultado, el caso representaría un precedente importante para la institucionalidad del sistema de justicia peruano.
Por su parte, la defensa de Espinoza habría anunciado que presentará los descargos correspondientes, confiando en que se demuestre que actuó conforme a la normativa vigente y que la JNJ no habría cumplido con los procedimientos de notificación que exige su propia reglamentación interna.