Juez supremo vuelve a declarar infundado pedido fiscal en caso cirugías, determinando que no existe peligro de fuga ni obstaculización a la justicia
Por segunda vez, el Poder Judicial rechaza el pedido de impedimento de salida del país contra la expresidenta Dina Boluarte. En una decisión que habría generado controversia, el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundado el requerimiento fiscal por 18 meses presentado por el Ministerio Público en el marco del caso conocido como ‘Cirugías’, donde se investiga a la exmandataria por el presunto delito de negociación incompatible.
Esta es la segunda ocasión en que la justicia determina que no existen fundamentos suficientes para restringir el derecho al libre tránsito de Boluarte. La resolución judicial precisa que el Ministerio Público nuevamente no habría logrado demostrar que la expresidenta represente un peligro de fuga ni que pudiera obstaculizar el desarrollo de la investigación.
Según el magistrado, los argumentos presentados por la Fiscalía sobre supuestos vínculos económicos y familiares en el extranjero habrían resultado insuficientes y carecerían de sustento probatorio sólido. Tampoco se habría logrado demostrar que la medida cautelar fuera necesaria o proporcional en esta etapa de la investigación.
El caso forma parte de las pesquisas fiscales que se siguen por presuntas injerencias en EsSalud, luego de que la exmandataria se habría sometido a cirugías estéticas realizadas por el médico Mario Cabani. La hipótesis fiscal apunta a que Boluarte habría favorecido a personas allegadas al cirujano con designaciones y pagos irregulares dentro del sistema público de salud, presuntamente a cambio de intervenciones estéticas a su favor.
Los tres hechos imputados por la Fiscalía
El fiscal adjunto supremo Wilfredo Rivera Baltazar detalló tres hechos que configurarían supuestos actos de interés indebido por parte de la entonces presidenta.
En primer lugar, la designación de María Elena Aguilar del Águila, quien habría sido colaboradora del cirujano Cabani, como presidenta ejecutiva de EsSalud en octubre de 2023.
El segundo hecho estaría vinculado a la contratación de Natalie Román Schmitt como subgerenta de Promoción Social, que se habría producido días después de un correo electrónico en el que Cabani presuntamente habría solicitado el puesto a través de la secretaría de Palacio de Gobierno.
La tercera imputación apunta al pago de más de S/196,000 a favor del médico Javier Sánchez Ingunza, quien también habría participado en las cirugías estéticas de Boluarte. Según la tesis fiscal, la entonces presidenta habría intervenido para agilizar la liquidación de haberes del galeno en la red Rebagliati.
Estos hechos, de acuerdo con el Ministerio Público, configurarían un patrón de favorecimiento y posible negociación incompatible. Rivera Baltazar también argumentó que la exmandataria contaría con recursos y contactos para abandonar el país.
Sin embargo, el juez Checkley concluyó que los indicios presentados serían conjeturales y no acreditarían un peligro procesal concreto que justifique la restricción del derecho al libre tránsito.
Defensa califica el pedido como «apresurado y sin sustento»
El abogado César Castro Grados, defensa de Dina Boluarte, sostuvo que el pedido de impedimento de salida del país habría carecido de base legal y respondería a una motivación política. Señaló que la Fiscalía no habría tomado declaraciones clave ni ofrecido pruebas verificables sobre los supuestos actos de injerencia en EsSalud.
Castro recordó que la expresidenta ha acudido a todas las citaciones del Ministerio Público y que nunca habría intentado abandonar el país sin autorización. Aseguró que, tras su vacancia, Boluarte mantiene domicilio conocido y disponibilidad para colaborar con las investigaciones.
«No existe riesgo de fuga ni obstaculización, solo una intención de generar titulares», habría afirmado el abogado durante la audiencia judicial.
Con esta segunda decisión judicial a su favor, Dina Boluarte podrá continuar saliendo del país sin restricciones judiciales, aunque la investigación continúa abierta y en desarrollo. El patrón de rechazos a los pedidos fiscales estaría evidenciando, según algunos analistas, una debilidad en la estrategia de la Fiscalía para sustentar el peligro procesal.
Once carpetas fiscales esperan a Boluarte
Tras su vacancia, Dina Boluarte deberá enfrentar once investigaciones fiscales que estaban suspendidas mientras ejercía la Presidencia de la República. La pérdida de inmunidad habría permitido que el Ministerio Público reactive todos los casos que permanecían archivados temporalmente.
La exmandataria será investigada por presuntos delitos cometidos antes y durante su gestión, varios de ellos vinculados a hechos de corrupción y presuntos abusos de poder.
Ocho de las carpetas corresponderían a hechos ocurridos durante su mandato, entre ellos el delito de homicidio calificado por las muertes registradas en las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023, así como casos por cohecho pasivo impropio, negociación incompatible y enriquecimiento ilícito, relacionados con la recepción de joyas y relojes de lujo en el denominado caso Rolex.
La Fiscalía también la estaría investigando por presunta omisión de funciones y abuso de autoridad en decisiones que habrían sido adoptadas desde Palacio de Gobierno durante su gestión.
Las otras tres carpetas estarían vinculadas a su etapa previa como funcionaria y candidata, por presunto financiamiento ilícito de campaña, contrataciones irregulares en el Estado y favorecimiento a empresas privadas.
Con la pérdida de inmunidad, la exmandataria deberá responder ante la justicia ordinaria por los once casos acumulados que ahora podrán avanzar sin restricciones constitucionales.