Juez supremo confirma medida histórica para exponer red financiera de «Chibolín» y cómplices
El Poder Judicial habría confirmado oficialmente una medida sin precedentes que podría exponer la red financiera completa del exconductor de televisión Andrés Hurtado Grados, conocido como «Chibolín». La decisión incluiría también a la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, el empresario Javier Miu Lei e Iván Siucho Neira.
Señores y señoras, esta decisión histórica habría sido tomada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien consideró que levantar el secreto bancario, tributario y bursátil sería «adecuado y proporcional» para desentrañar una presunta red de corrupción que habría operado desde las más altas esferas del poder.
La medida se extendería a cuatro empresas que estarían vinculadas directamente con Hurtado, quien actualmente sería investigado por presunto tráfico de influencias y cohecho activo específico en perjuicio del Estado. Esta decisión podría revelar información crucial sobre personas que habrían estado involucradas en actos de corrupción sistémica.
El magistrado habría explicado en su resolución que «las exigencias constitucionales y procesales para la imposición de esta medida restrictiva en un derecho fundamental como la reserva de la información bancaria, tributaria y bursátil es que sea conforme al principio de proporcionalidad». Esta declaración sugeriría que la gravedad de los delitos investigados justificaría completamente la medida excepcional.
Hurtado habría enviado carta desesperada al Tribunal Constitucional
Mientras tanto, en lo que podría considerarse un movimiento desesperado, Andrés Hurtado habría enviado una carta manuscrita al Tribunal Constitucional para solicitar que anulen su prisión preventiva de 18 meses.
«Solicito respetuosamente se sirvan programar urgentemente mi pedido planteado en el RAC (recurso de agravio constitucional)», se leería en la carta que habría sido redactada el 14 de julio de 2025, pero que recién se habría dado a conocer.
En este documento, Hurtado habría solicitado revisar su expediente y los arraigos para continuar el proceso en libertad, alegando que no existiría riesgo de fuga. «Suplico revisar las copias del expediente y los arraigos que ostento y demuestran que puedo llevar mi proceso en libertad sin riesgo de fuga», se leería en la misiva.
La carta revelaría además la estrategia legal de Hurtado, quien habría argumentado que se encontrarían «ante una imputación de tráfico de influencias en cadena, que no tiene asidero legal que me ha llevado alejarme de mi familia en forma injusta».
El juez supremo Juan Carlos Checkley habría confirmado oficialmente la medida este sábado por la tarde, considerándola «idónea, necesaria y proporcional» para la investigación que adelanta la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.
Esta decisión del Poder Judicial marcaría un punto de inflexión en uno de los casos de corrupción más mediáticos del país, y podría abrir la puerta a revelaciones que cambiarían para siempre el panorama político y judicial peruano. La resolución habría sido confirmada este sábado 31 de agosto, cuando el magistrado consideró que la medida resultaría indispensable para conocer la naturaleza de las operaciones económicas de los investigados y esclarecer si existieron movimientos financieros irregulares.
Vale recordar que Hurtado cumplía desde octubre de 2024 una prisión preventiva de 18 meses en el penal de Lurigancho, donde habría redactado la carta manuscrita al Tribunal Constitucional.