Décimo Juzgado Constitucional de Lima da trámite a recurso que exige protección a embajada mexicana y prohibición de intervención estatal
El Poder Judicial, a través del Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, admitió a trámite un hábeas corpus preventivo presentado a favor de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino. La decisión judicial marca el inicio formal de un proceso que podría definir el futuro legal de la exfuncionaria y establecer un precedente sobre la inviolabilidad de sedes diplomáticas en el país.
La admisión del recurso constitucional significa que el juzgado ha considerado que existen elementos suficientes para evaluar el fondo de la controversia planteada. Ahora, las entidades del Estado cuestionadas deberán presentar sus argumentos de defensa antes de que se emita una resolución definitiva.
Decisión judicial abre proceso contra cinco entidades del Estado
El juzgado constitucional determinó dar curso a la demanda presentada por el ciudadano Rubén Serpa Valdez, quien dirigió su acción legal contra la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y el propio Poder Judicial.
La admisión implica que el tribunal ha verificado los requisitos formales del recurso y ha identificado la existencia de un caso constitucional que amerita pronunciamiento judicial. Esta decisión no significa que se haya dado la razón al demandante, pero sí que existe materia justiciable que debe ser resuelta mediante un proceso constitucional.
¿Qué argumentos llevaron a la admisión del hábeas corpus?
El recurso admitido sostiene que existiría una amenaza real, cierta e inminente contra la libertad personal de Betssy Chávez y contra la inviolabilidad de la Embajada de México en Lima. Según el demandante, esta amenaza se habría materializado a través de presuntas declaraciones del presidente José Jeri, quien habría sugerido el uso de la fuerza pública para ingresar a la sede diplomática y ejecutar la orden de prisión preventiva que pesa sobre la exministra.
El tribunal constitucional habría considerado que estos argumentos configuran una posible vulneración a derechos fundamentales protegidos por el hábeas corpus preventivo, una modalidad procesal diseñada para evitar amenazas ciertas contra la libertad personal antes de que se concreten.
PJ ordena notificación oficial a entidades emplazadas
Como parte del trámite de admisión, el Décimo Juzgado Constitucional dispuso correr traslado formal de la demanda a las procuradurías públicas de todas las instituciones del Estado mencionadas en el recurso. Estas entidades tienen un plazo improrrogable de tres días hábiles para presentar sus descargos y argumentos jurídicos ante el tribunal.
La notificación oficial a las procuradurías activa el contradictorio procesal, es decir, el derecho del Estado a defenderse de las acusaciones formuladas. Una vez que venza el plazo para las respuestas, o si las entidades no contestan, el juzgado deberá emitir una sentencia sobre el fondo del asunto.
¿Qué busca concretamente el hábeas corpus admitido?
El recurso constitucional que fue admitido por el Poder Judicial plantea varias pretensiones específicas. En primer lugar, solicita que se reconozca judicialmente la existencia de una amenaza grave e inminente contra la inviolabilidad de la Embajada de México. Además, exige que se prohíba expresamente a cualquier autoridad peruana —incluidos el presidente de la República, efectivos policiales, fiscales y magistrados— realizar cualquier acto de intervención o ingreso forzoso al recinto diplomático.
El hábeas corpus también reclama la adopción de medidas cautelares urgentes para garantizar la protección de la sede diplomática, la entrega inmediata de un salvoconducto a favor de Betssy Chávez Chino, y el cese de cualquier forma de hostigamiento en su contra.
Contexto: Chávez enfrenta orden de prisión preventiva
La admisión de este hábeas corpus se da en un contexto particular. Betssy Chávez enfrenta una orden de prisión preventiva dictada en el marco del proceso judicial conocido como «intento de golpe de Estado», relacionado con los acontecimientos políticos de diciembre de 2022 durante el gobierno de Pedro Castillo.
Desde que se dictó la medida judicial en su contra, Chávez se habría refugiado en la Embajada de México en Lima, situación que ha generado tensión en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Ahora, con la admisión de este recurso constitucional, será el Poder Judicial quien deba pronunciarse sobre los límites de la jurisdicción nacional frente a la protección diplomática internacional.