Fiscal de la Nación presenta recurso legal mientras enfrenta ultimátum de la JNJ
El Poder Judicial habría admitido a trámite la demanda de amparo que presentó Delia Espinoza contra seis de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta decisión llega después de que la JNJ exigiera la restitución de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación, puesto que actualmente ocuparía Espinoza.
La demanda buscaría declarar la nulidad e inejecutabilidad de la resolución con la que la JNJ planeaba reincorporar a Benavides en la Fiscalía. Además, la fiscal de la Nación habría solicitado el cese inmediato de la vulneración de sus derechos constitucionales, particularmente aquellos relacionados con el ejercicio pleno de la función pública, la independencia funcional y el debido proceso, los cuales argumenta que habrían sido afectados por la emisión de la resolución de la JNJ.
El Poder Judicial evaluará la viabilidad o improcedencia de dicha demanda. Para ello, habría dispuesto que el caso se analice en una única audiencia programada para el 8 de agosto a las 10 de la mañana. Los seis miembros de la JNJ implicados —Gino Augusto Tomás Ríos Patio, María Teresa Cabrera Vega, Jaime Pedro De la Puente Parodi, Víctor Hugo Chanduví Cornejo, Germán Alejandro Julio Serkovic González y Cayo César Galindo Sandoval— serían notificados de la demanda presentada.
La disputa entre Espinoza y Benavides continuaría. Mientras la demanda presentada por la fiscal habría sido admitida por el Poder Judicial, Benavides seguiría intentando retomar el control del Ministerio Público. La exfiscal de la Nación habría anunciado que se presentaría este lunes 23 para solicitar la restitución de su cargo, sin embargo, al cierre de esta nota, aún no se habría hecho presente en la sede fiscal.
JNJ amenaza con uso de la fuerza
La directora interina de la Dirección de Procesos Disciplinarios de la JNJ, Magnolia Martínez Hidalgo, habría remitido un oficio a la fiscal de la Nación exigiéndole reponer a Patricia Benavides en el cargo. La funcionaria le habría dado un plazo de 24 horas para cumplir con el pedido, advirtiendo que, en caso de negativa, recurriría al uso de la fuerza mediante la intervención de la Policía Nacional.
El requerimiento habría generado controversia, ya que no tomaría en cuenta los reiterados pedidos del Ministerio Público a la JNJ para que entregue el acta formal en la que se declare la nulidad del proceso disciplinario contra Benavides. Este documento sería clave para evaluar la legalidad del retorno de la exfiscal y, según habría señalado Espinoza, debe contar con la firma de los siete miembros del pleno de la Junta para que pueda ser considerado válido y ejecutable.
El oficio de Martínez Hidalgo no citaría ninguna base legal que respalde su exigencia, lo que habría despertado dudas sobre la legalidad de su actuación. No existirían antecedentes en la JNJ de que una directora encargada haya asumido una potestad de ese tipo. Por lo general, una solicitud de esa naturaleza correspondería exclusivamente al presidente del organismo, en este caso, Gino Ríos Patio.
