Ministro de Justicia viajaría a Ginebra con impedimento suspendido «convenientemente» por presunto tráfico de influencias
La presidenta Dina Boluarte habría autorizado mediante la Resolución Suprema N° 190-2025-PCM el viaje del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez Antúnez, a Ginebra, Suiza, para participar en el 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del 6 al 11 de septiembre de 2025. Esta decisión se produciría pese a que el funcionario tendría una orden de restricción de salida del país vigente hasta diciembre de 2026, la cual habría sido suspendida temporalmente por el Poder Judicial.
La resolución publicada en el diario El Peruano establecería: «Autorizar el viaje del señor Juan José Santiváñez, Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos, a la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, del 6 al 11 de setiembre de 2025, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Suprema».
La medida se habría justificado argumentando que la presencia del ministro en el foro internacional sería de «interés nacional e institucional», sin mencionar en el documento la situación legal que enfrenta Santiváñez.
Suspensión «conveniente» del impedimento
El pasado viernes 5 de septiembre, un día antes de la salida programada del ministro, el juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela habría decidido suspender temporalmente el impedimento de salida por exactamente los cinco días del viaje (del 6 al 11 de septiembre). Esta decisión judicial habría facilitado que la presidenta Boluarte formalizara la autorización mediante resolución suprema el mismo día de la partida.
La coordinación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo generaría cuestionamientos sobre la independencia de poderes, especialmente considerando que el impedimento de 18 meses fue dictado en junio por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema por considerarlo un riesgo de fuga.
Cuestionamientos por idoneidad
En el evento internacional, Santiváñez participaría en reuniones bilaterales con autoridades de Naciones Unidas, mientras en el país persistirían cuestionamientos sobre su idoneidad para representar al Estado peruano en temas de derechos humanos, precisamente cuando enfrenta una investigación judicial.
Según el documento oficial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asumiría un gasto total de US$6,681.54, que incluiría US$3,981.54 en pasajes aéreos y US$2,700 en viáticos por cinco días. Durante su ausencia, el despacho de Justicia quedaría encargado al ministro de Salud, César Henry Vásquez Sánchez.
Impedimento vigente hasta diciembre 2026
El pasado mes de junio, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema habría dictado un impedimento de salida del país por 18 meses contra Juan José Santiváñez Antúnez (vigente hasta diciembre de 2026), en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias agravado.
La medida se habría tomado tras revocar una resolución anterior del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien habría rechazado inicialmente el pedido de la Fiscalía por considerar que no existiría un riesgo de fuga. Sin embargo, la sala superior habría acogido la apelación del Ministerio Público, que presentó nuevas razones para sustentar el pedido.
La investigación en curso
De acuerdo con la investigación fiscal, Santiváñez habría solicitado presuntamente US$20,000 a allegados de un cliente, el recluso Miguel Joel Marcelo Salirrosas, con el objetivo de influir en el Tribunal Constitucional para favorecerlo en su proceso judicial.
La fiscalía habría argumentado que este hecho, sumado a su capacidad económica, sus frecuentes viajes internacionales y la posibilidad de una alta condena en caso de ser hallado culpable, representaría un riesgo de fuga que justificaría la medida restrictiva.
Esta autorización presidencial generaría interrogantes sobre la coordinación entre poderes del Estado y la efectividad de las medidas cautelares dictadas por el Poder Judicial, especialmente cuando se trata de funcionarios investigados por presunta corrupción que representan al país en foros internacionales sobre derechos humanos.