Decisión histórica frenaría presunto golpe institucional contra el Ministerio Público
En una decisión que marcaría un precedente histórico, el Poder Judicial habría suspendido temporalmente a Patricia Benavides Vargas de su cargo como fiscal suprema titular y Fiscal de la Nación por un plazo de 24 meses. La medida, dispuesta por el Juez Supremo de Investigación Preparatoria Segismundo León Velasco, se habría basado en hechos que presuntamente habría cometido durante su gestión al frente del organismo.
La resolución judicial se habría fundamentado en la investigación que enfrentaría Benavides por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal en agravio del Estado, según informó oficialmente el Poder Judicial a través de sus redes sociales.
El magistrado habría considerado que «al haberse generado una sospecha suficiente resulta razonable concluir que la investigada realice conductas en el ejercicio del cargo, las cuales podrían afectar el sistema de administración de justicia, los procesos penales y su objetividad como fiscal suprema».
Durante la audiencia realizada el martes, la fiscalía de la Nación habría sustentado que Benavides, presuntamente utilizando sus influencias en la JNJ, estaría tratando de interferir en la buena marcha del Ministerio Público, particularmente en relación con el caso «Cuellos Blancos del Puerto».
La defensa de la ex fiscal de la Nación, a cargo del abogado Humberto Abanto Verástegui, habría argumentado que su defendida no podría ser suspendida pues supuestamente aún no habría asumido como fiscal suprema titular. Sin embargo, los hechos habrían jugado en su contra.
Mientras tanto, la JNJ estaría presionando para la reincorporación de Benavides, amenazando incluso con el uso de la fuerza para ejecutar una sesión de pleno que, hasta el día de hoy, no habría constancia de que se haya realizado y que no podría sustituirse por un pronunciamiento público de solo seis de los siete integrantes de dicha institución.
La defensa de Benavides podría apelar la decisión ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. No obstante, mientras la resolución judicial esté vigente, no podría asumir como fiscal suprema titular, ni recuperar el despacho de la fiscalía de la Nación, hasta que se cumplan los 24 meses de suspensión.
Paralelamente, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, también habría promovido una demanda de Amparo contra la Junta Nacional de Justicia, que habría sido admitida a trámite por el 9° Juzgado Constitucional de Lima, con fecha de evaluación fijada para el próximo 8 de agosto.
Esta decisión del Poder Judicial representaría un freno contundente al presunto golpe institucional contra la democracia y la autonomía e independencia del Ministerio Público.
