Después de 10 estados de emergencia sin resultados, el gobierno moviliza más efectivos a la zona mientras las críticas aumentan
El gobierno ha movilizado a 1,000 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y 150 miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para enfrentar al crimen organizado en la provincia de Pataz, ubicada en la región La Libertad. Esta medida buscaría reforzar la seguridad de una zona donde la violencia no ha hecho más que aumentar, pese a las intervenciones previas.
La presidenta Dina Boluarte, junto al ministro del Interior, Julio Díaz, encabezó el despliegue del denominado «Comando Unificado», en lo que sería un intento por demostrar que el Estado peruano estaría comprometido con erradicar la minería ilegal y otras actividades delictivas que habrían causado ya 39 asesinatos y la voladura de 17 torres de alta tensión en los últimos cuatro años, tan solo en el entorno de la minera Poderosa.
«A ustedes más de 1,100 soldados de la Patria, todo mi respaldo y lealtad», habría expresado Boluarte durante su discurso, donde además habría hecho un llamado a los altos mandos para que ejecuten «con rigor» la declaratoria de estado de emergencia.
Sin embargo, la realidad mostraría otra cara. Estas medidas habrían llegado de manera tardía, después del reciente asesinato de 13 trabajadores de seguridad de la empresa R&R, que prestaba servicios a la minera Poderosa. Además, como señores bien informados sabrían, en esta zona ya se habrían aplicado diez estados de emergencia previos sin resultados tangibles.
«El Gobierno de Dina Boluarte ha optado por la retórica fácil y demagógica», habría criticado el exministro del Interior, Rubén Vargas, quien consideraría que la estrategia de intervención militar y policial para enfrentar esta ‘guerra’ contra grupos criminales «es un error», según sus declaraciones recogidas por La República.
